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El problema de la contaminación generada por los cables aéreos en el centro de Chillán es de larga data, y pese a eso, aún no exhibe una solución.
En los años ochenta el entonces alcalde de Chillán Héctor Canahuate impulsó un ambicioso proyecto, en conjunto con la Compañía General de Electricidad, que buscaba soterrar el cableado en la plaza de armas y en las calles circundantes, pero en la práctica, el sistema de ductos que se instaló bajo las veredas no fue utilizado por las empresas de telecomunicaciones y el resultado se puede observar hoy.
Luego de ello se intentaron llevar a cabo iniciativas similares, sin que llegaran a buen término, y hoy estamos frente a un nuevo intento del gobierno local a través de una ordenanza municipal que obligará a las empresas de telefonía, de telecomunicaciones y de operadores de cable, a retirar el llamado “escombro aéreo”, como se conoce al cableado que ya dejó de prestar servicios, pero aún sigue colgando de los postes del alumbrado público. Se estima que un 50% de todos los cables que hay en los postes de Chillán está en desuso.
La ordenanza tiene 13 artículos y establece la obligación de las empresas de presentar a la Dirección de Obras Municipales (DOM) un proyecto de ubicación del tendido de líneas con sus correspondientes planos, e identificar la cubierta del cable con el nombre de la empresa propietaria, entre otros aspectos. Supuestamente, cuenta con el respaldo de todos los ediles, que deberían votar favorablemente su entrada en vigencia, aunque aún no se resuelve el punto relativo a las sanciones por su incumplimiento, aspecto clave para que cumpla su objetivo, pues ha quedado demostrado -por la experiencia local y de otras urbes- que la buena voluntad de las empresas no basta por sí sola.
Así como las industrias se hacen cargo de sus externalidades negativas, como la emisión de contaminantes a la atmósfera, es justo que las empresas de servicios que generan contaminación visual también lo hagan, lo que claramente no está definido en la legislación chilena. De hecho, la ordenanza que se está proponiendo ahora para Chillán no contiene incentivos para el desarrollo de poliductos subterráneos en proyectos inmobiliarios que se ejecuten en el centro o en otros puntos del territorio comunal.
Lamentablemente, no existe una ley que regule este aspecto. El único proyecto de ley que se ha presentado sobre este tema ha dormido una década en el Senado. Proponía obligar a todas las empresas a soterrar sus cables en las ciudades con más de 50 mil habitantes, sin embargo, la gran piedra de tope es el financiamiento, pues el costo es altísimo. Según datos de la consultora internacional Edison Electric Institute, el costo mínimo de levantar nueva infraestructura eléctrica aérea ronda los US$ 377 mil por kilómetro, mientras que si se hiciera de forma subterránea el valor sube a unos US$ 3,5 millones.
Así las cosas, la gran pregunta es quién pagaría. Una opción es que lo haga el Estado, pero es difícil que aquello ocurra porque somos un país todavía con necesidades más urgentes que soterrar los cables, mientras que la otra alternativa es que paguen las compañías eléctricas y de telecomunicaciones que, a no dudarlo, traspasarán su aumento de costos a los usuarios, o sea a todos nosotros.
