Hay dos perspectivas para definir el accionar ante la emergencia que vive la región: la reacción y la anticipación. En la primera, autoridades y organismos han sido competentes en la coordinación y enlaces intersectoriales para un oportuno despliegue de recursos humanos y materiales que ha evitado una catástrofe mayor. Pero distinta es la evaluación cuando se analiza la capacidad de anticipación, es decir las labores de prevención, que supone reducir o evitar las amenazas, los riesgos y las vulnerabilidades de una zona determinada. En esta dimensión aún hay mucho por hacer.
Descontando el mega incendio en Quillón, hace 10 años, que destruyó 30 mil hectáreas y causó la muerte de dos personas, en Ñuble, desde 2017 -cuando un siniestro obligó a evacuar parte de la población de Portezuelono habían ocurrido sucesos de gran magnitud, de modo que ante la actual emergencia los ojos están puestos en la respuesta de los organismos del Estado, pues permanece fresca en la memoria el cuestionamiento a la gestión que tuvieron en esa oportunidad las autoridades del nivel central, cuando minimizaron la emergencia en la región, lo que hizo que el fuego se prolongara por más de una semana y sus destructivas consecuencias se vieran amplificadas.
¿Fue diferente esta vez? La respuesta es dispar si se consideran las dos perspectivas de lo que se ha definido como el accionar ante estas emergencias: la reacción y la anticipación.
Respecto de la primera, el desempeño puede considerarse eficiente. Las autoridades y organismos nacionales y locales han sido competentes en la coordinación y en un oportuno despliegue de recursos humanos y materiales para combatir los principales incendios registrados simultáneamente ayer en Chillán, Quillón y Coelemu. La alarma a la población a través de los teléfonos celulares funcionó adecuadamente y por otra parte, brigadistas de Conaf han trabajado codo a codo con Bomberos, en un esfuerzo que ha evitado una catástrofe mayor. Además, el gobierno central respondió oportunamente, decretando esta madrugada Estado de Excepción de Catástrofe para la región.
Pero distinta es la evaluación cuando se analiza la capacidad de anticipación, es decir las labores de prevención,
que supone reducir o evitar las amenazas, los riesgos y las vulnerabilidades de una zona determinada. Desde esta perspectiva, no se puede estar conforme, ya que en estos últimos años los factores de riesgo han aumentado significativamente y no han sido integrados en instrumentos de planificación. Estos tienen que ver con el cambio climático, el aumento de las temperaturas y la escasez de agua; también con el aumento de los monocultivos forestales que han cambiado la fisonomía y biodiversidad del territorio y por último, con la expansión urbana y su proximidad a áreas de alto riesgo, donde la “desobediencia” ciudadana y la falta de control se retroalimentan negativamente.
Por último, debemos hacer mención a un negativo fenómeno social que se vio días atrás en los incendios en el Valle del Itata y también ahora en la emergencia que sufre la intercomuna. Nos referimos al llamado “morboturismo” y a la proliferación de noticias falsas. El primero movilizó a miles de personas con el absurdo afán de captar imágenes, obstaculizando las acciones de evacuación y control, mientras que las segundas sembraron pánico entre los usuarios de las redes sociales.
En resumen, se necesita adoptar un nuevo enfoque que considere la educación y concientización ciudadana, la prevención y actividades de detección temprana, cartografías de riesgos y nuevas normativas de protección para la zona de interfaz urbano-rural. Solo un enfoque sistemático y proactivo que guíe a las organizaciones de todos los niveles del Gobierno y del sector privado permitirán prevenir, responder, recuperar y mitigar los efectos del fuego forestal, sin importar su tamaño, ubicación o complejidad.
