Preocupación generó entre vecinos del centro de Chillán el episodio protagonizado por menores de edad de una residencia ubicada en calle Independencia, quienes han sido vistos sobre la techumbre de inmuebles colindantes, exponiéndose a caídas y generando inquietud en el entorno.
Aunque el hecho se registró inicialmente a comienzos de noviembre, residentes del sector aseguran que la situación se ha repetido, levantando dudas respecto al actuar de los cuidadores. Sin embargo, desde el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia señalaron que el recinto cuenta con adultos responsables del cuidado y acompañamiento de los niños y adolescentes y que dicha condición ha sido supervisada.
Los informes del poder judicial también han puesto a las residencias en la mira, en el marco de la ley 19.968 que obliga a los tribunales a revisar semestralmente las condiciones de cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en cuidado alternativo.
El reporte más reciente fue publicado este semestre, en julio pasado, tras visitas realizadas a nueve establecimientos de Chillán, San Carlos y El Carmen, entre septiembre y octubre del año 2024, dando cuenta de un alza de ingresos, de 165 a 188, entre el primero y segundo semestre de ese último año.
Entre las observaciones que salieron a la luz aparecieron problemas como sobrecupo, mobiliario inadecuado, brechas en salud mental, ausencia de espacios para estudios, falencias en infraestructura y deuda en personal. No siendo extensivas estas deficiencias detectadas en ese momento a todos los establecimientos mencionados, desconociéndose, en detalle, si siguen latentes en el presente.
Por ejemplo, se mencionó que en la Residencia “Nuestra Señora de Fátima” no ha dado respuesta especializada a la temática de adicciones y salud mental en casos complejos, agotando las estrategias de intervención.
“Aún los tiempos de espera para recibir evaluación de especialista psiquiatra en hospital Herminda Martín no mejoran, donde se ha tenido a NNA más de una semana hospitalizada en urgencias para posterior ingreso a unidad de corta estadía, apreciándose un trabajo escasamente articulado”, señaló el reporte.
Tanto en las residencias Madre Lucienne Hardy y Nuestra Señora de La Esperanza se constató mobiliario de living y comedor no acorde a edad y talla de los niños, lo que se transforma en espacios incómodos y de riesgo. Además, en esta última, se pidió “planificar mejoras en la mantención de la infraestructura, proyectar pinturas de paredes interiores y muros del patio, colores y motivación infantil. Participar de proyectos y se reitera la alternativa de instalar piso de caucho en parte del patio y espacios de actividad al aire libre sin exponerse a humedad y barro”, indicó.
En la visita a Newen se constataron diversas falencias desde las instalaciones como el cuidado de estas, así como del abordaje de las problemáticas presentes en los NNA, lo que da cuenta que la actual dotación de personal no sería suficiente para lograr dar respuesta y atención a las necesidades de los nna. Resulta, además, evidente, la necesidad de mayores recursos económicos, a fin de realizar mejoras en infraestructura.
“Se requiere implementar espacios destinados al estudio, como actividades de preparación para la vida independiente”, expresó el informe.
En la residencia Casa Esperanza II, se observó que no se están pagando las subvenciones respectivas para la contratación de personal así como de profesionales acorde a la atención que los niños requieren.
“Se observan diferentes falencias en la habitabilidad, como de las condiciones de habilitación de espacios de estimulación o vinculación con la familia, los que se presentan con observaciones negativas como desde las condiciones de acceso o de seguridad, por ejemplo, no contar con los recursos debidos para la compra de medicamentos, no tener una rampa de acceso adecuada para las características de los NNA residentes, aseo y mantención de la residencia en precarias condiciones de habitabilidad como de cuidado, lo que en gran medida responderían a la falta de recursos necesarios para responder dichos ítems”, señaló.
En San Alberto se apuntó a promover “la contratación de personal del área de educación que apoye académicamente. Evaluar sobredotación de nna en residencia y separar jóvenes mayores de edad con los nna con medida de protección. Separar residencias San Alberto y Santa Teresa con un muro de contención y entrada independientes, a fin de evitar situaciones de riesgos”.
Finalmente, en la residencia Santa Teresa se mencionó la necesidad de personal de aseo y de mejorar espacios comunes y arreglos de artefactos.
“Promover la contratación de personal del área de educación que apoye académicamente a los NNA en especial a los que presentan discapacidad intelectual, tea y discapacidad visual”, mencionó.
Servicio destaca avances
A la luz del informe, la directora del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, Virginia Alvayay, aseguró que el estándar de las residencias actuales ha mejorado y que hay personal especialista para atender a sus usuarios.
“Hemos avanzado de centros masivos a residencias familiares que buscan ser lo más parecidos a un hogar familiar. Los estándares tanto en infraestructura como en atención han mejorado. Las residencias, además, cuentan con equipos especializados y comprometidos con el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Son profesionales que día a día entregan contención, intervenciones terapéuticas y acompañamiento”, dijo.
Si bien las duplas de jueces y consejeros técnicos año a año constatan deficiencias en condiciones habitacionales o mobiliario como personal insuficiente para responder a las tareas ya sea domésticas o profesionales en el sistema, la directora aseguró que se han impulsado mejoras, en un contexto de alto ingreso de NNA al sistema residencial.
“Hemos reforzado nuestra presencia, levantando proyectos para mejorar la infraestructura de algunas residencias y fortaleciendo el acompañamiento en terreno de los equipos de residencias. Además, estamos potenciando fuertemente el programa de Familias de Acogida, que creemos es la primera alternativa de cuidado cuando un niño, niña o adolescentes es separado de su familia de origen por orden de un tribunal. La evidencia ha demostrado que las familias de acogida son el mejor espacio de cuidado para el desarrollo de niños y niñas, mientras se define su cuidado definitivo”, explicó.
Para resolver los sobrecupos, la estrategia de familias de acogida se ha impulsado con fuerza, creando una unidad especializada en ello, y se ha abierto una nueva residencia.
La directora está consciente que una residencia inserta en un barrio puede generar preocupación en el entorno. Por ello, dentro de la planificación se establece una vinculación con el entorno, para que prevalezca una sana convivencia. Hay casos destacados que se han dado tanto en las regiones del Biobío y Metropolitana.
“Entendemos que muchas veces la instalación de una residencia en un barrio puede generar inquietudes, por lo que el trabajo que realizamos con la comunidad es muy importante para que comprendan cómo funcionan las residencias y el importante trabajo que hacen los equipos ahí. Las residencias buscan ser lo más parecido a un hogar posible. Que los niños y niñas sean parte de la comunidad, salgan al colegio, a actividades sociales, a juntarse con amigos, como cualquier niño o niña. Antiguamente existían modelos más restrictivos, pero hemos avanzado a residencias más familiares y amigables.
Mejoras lenta en función a necesidad
Para el poder judicial, el cuidado alternativo sigue siendo un desafío para el Estado, porque si bien las residencias, en términos generales, cuentan con la infraestructura y equipamiento adecuado para resolver necesidades básicas, el cuidado y la protección integral siguen estando al debe.
Eduardo Quijón, consejero técnico del Juzgado de Familia de Chillán y presidente nacional de la Asociación de consejeros técnicos, enfatizó que atender esta realidad desde una perspectiva especializada es fundamental, considerando que las causas que motivan el ingreso judicial de los NNA son complejas: abandono, violencia grave y reiterada, y diversas vulneraciones, lo que exige intervenciones articuladas y con respuesta efectiva de salud —Cesfam, Cosam y hospitales—, educación y todas las instituciones del Estado, como lo mandatan la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 21.430.
“Las visitas realizadas en Ñuble reflejan la misma realidad que se observa a nivel nacional: falencias en los sistemas alternativos de cuidado y en las residencias de protección. Aunque la política pública prioriza el acogimiento familiar, en la práctica existe alta derivación a residencias por la falta de familias de acogida. Estas residencias tienen alta demanda, cupos limitados y tiempos de permanencia que superan lo recomendado, lo que dificulta evitar procesos de institucionalización prolongada, especialmente en adolescentes”, explicó.
De acuerdo al profesional, la dotación de personal destinado a estos recintos, no es adecuada para la cantidad de usuarios asignados y para atender los requerimientos de los casos con dedicación especial.
Para el consejero, la carencia de programas para empoderar a los jóvenes en términos educativos, laborales y emocionales, es una falencia que se debe superar.
“A esto se suma el déficit de recursos humanos y la alta rotación de profesionales. Los equipos técnicos suelen ser insuficientes para la cantidad de NNA, con condiciones laborales exigentes, remuneraciones bajas y una carga emocional muy alta. Tampoco existe la supervisión clínica especializada que requieren los profesionales y los educadores de trato directo. Esto se agrava en el caso de NNA con necesidades complejas, que muchas veces terminan en residencias sin la preparación adecuada, generando revictimización, conflictos de cuidado y múltiples cambios de residencia. En los adolescentes, esta situación se profundiza ante la ausencia de programas robustos de apoyo a la vida independiente, continuidad en salud mental, vivienda y empleo”, dijo.
La rotación de los equipos perjudica el abordaje y el seguimiento de los casos poniendo en riesgo el progreso de los niños, por lo que es fundamental que se mantenga el compromiso y la vocación de los profesionales designados con enfoque especializado, ya que se trata de menores de edad de prioridad en la atención, que no resisten retrocesos en sus trayectorias.
“Si bien han existido avances, estos son lentos en comparación con lo que los niños requieren. Persisten dificultades para contar con una oferta pertinente a las características actuales de los NNA, que requieren cuidados especializados y estables. Es fundamental promover equipos de atención con menor rotación y una intervención integral y profesional, con psicólogos, trabajadores sociales, médicos, terapeutas ocupacionales y otros especialistas con formación y experiencia en infancia. Esto es especialmente urgente considerando que muchos niños presentan salud mental inestable, consumo problemático de sustancias y vínculos con pares infractores de ley, lo que complejiza aún más su cuidado”, recalcó.
Desde los tribunales advirtieron que en la mayoría de los casos las mejoras no se implementan con sentido de urgencia.
“Los informes semestrales que se remiten dan cuenta de observaciones recurrentes y propuestas de mejora tanto por parte de las propias residencias como del Servicio de Protección Especializada, que es el responsable de licitar y supervisar la oferta según la Ley 21.302. Sin embargo, muchas de estas mejoras se implementan con lentitud o no logran concretarse”, expuso.
Cambio estructural
Desde la visión académica de la Universidad del Bío Bío y de trabajadora social, Carmen Gloria Jarpa, se han constatado avances, pero no han sido suficientes, porque se carece de un abordaje integral que abarque la necesidad terapéutica y la proyección de los jóvenes.
“El mismo Poder Judicial reconoce que hay una crisis estructural del sistema residencial y viene por temas de sobrepoblación, infraestructura deficiente, escasez de personal especializado. Por lo tanto, no podemos otorgar una estadía en una residencia si no tiene un verdadero sentido terapéutico y si no logra construir un proyecto de vida para esos jóvenes que evidentemente, estando en estado de abandono, al momento de retirarse del sistema, no van a volver a una familia que los acoja, sino que deben vivir la vida independiente y el informe también es muy drástico en decir que una de las cuestiones que está disminuida es la elaboración de un proyecto de vida”, expuso.
La profesional advirtió que los jóvenes deben ser dotados de las herramientas necesarias que les permitan hacer frente a los desafíos futuros y evitar que queden expuestos a vicios y a limitaciones.
“Si estos jóvenes ya no pueden hacer una vida independiente se elevan evidentemente las cifras de exclusión, de pobreza y de recaídas también en el tema de consumo de alcohol y de drogas”, alertó.
“Otro elemento importante que señala el informe en general, no específicamente para lo de Chillán, pero evidentemente es extrapolable, son los graves problemas de salud mental que tienen los niños, las niñas, los adolescentes y esto tiene que ver con esa trayectoria de traumas previos, también con el ambiente institucional adverso en el que viven y la mala atención de salud mental en general en Chile. Es decir, se ha aumentado y se ha aumentado hacia los niños, niñas y adolescentes, pero estamos con cifras preocupantes que requieren de una atención mucho más solvente, mucho más estable”, añadió.
Desde la mirada de la docente, para mejorar el sistema residencial se requieren cambios que apunten, en primer lugar, a una administración directa de las residencias por parte del Estado y no a través de organismos colaboradores.
“La implementación de la subvención y del principio de subsidiariedad ha sido nefasto en Chile, en el entendido de que estas instituciones privadas deberían contribuir decididamente al financiamiento de estas residencias. Pero habitualmente no lo hacen. Es solo el Estado el que coloca lo concerniente a la subvención. Con esos recursos se paga todo, la infraestructura, el personal, las atenciones específicas de terapia, que no se dan con solvencia porque los equipos no son especializados”, indicó.
En segundo lugar, advirtió, la profesional, se requiere una redistribución de los recursos públicos, inyectando un aumento en esta área, para contratar equipos especializado capaces de responder acertadamente a esta realidad.
“Porque para contratar un programa especializado se necesita una cantidad de dinero mucho mayor de la que estas instituciones están recibiendo por mera subvención del Estado. Entonces estamos en un círculo vicioso, en donde hay pocos recursos para esta administración, se pierden muchos recursos en Chile para otras cosas que son menos importantes. Y debe ser una prioridad”, comentó.
Finalmente planteó que se debe apoyar más la lógica de familias de acogida, dando mayor preferencia a los familiares cercanos del niño, con un apoyo económico que les permita sostener su sobrevivencia.
“Es mucho mejor que hacer eso, que vivan en instituciones que finalmente terminan albergando mucho de las dificultades, de los problemas que habitualmente vemos en estos ámbitos”, añadió.
