Renuncia Administrador Municipal de Chillán en medio de juicio de cuentas por irregularidades en mantención de áreas verdes

Este martes 7 de enero se efectuó el primer concejo municipal del año de la Municipalidad de Chillán y estuvo presidido por el alcalde protocolar Rodrigo Ramírez. Los ediles discutieron el juicio de cuentas que abrió Contraloría contra el alcalde Camilo Benavente, el administrador Municipal, Richard Guzmán, y otros directivos por multas no cursadas e incumplimiento de contrato de la empresa Parques Johnson, encargada de la mantención de áreas verdes de la ciudad. Se trata de un daño al patrimonial del municipio que supera los $1.400 millones.

“Ayer nos tocó liderar el concejo municipal, donde el alcalde por temas personales se ausentó. Fue un concejo bastante álgido, donde no solamente vimos el tema del juicio de cuentas, sino que también, un informe que nos llegó por parte de la Contraloría, donde muestra y habla de algunas irregularidades por parte del administrador, con algunas contrataciones y algunos instrumentos públicos que se mal usaron”, explicó.

Con el objetivo de solicitar la destitución del administrador municipal por abandono de deberes, se programó una sesión de concejo extraordinario para las 12:00 de mediodía de hoy, pero durante la mañana Richard Guzmán presentó su renuncia.

“Hizo su renuncia con fecha martes 7, por lo tanto, ya no es funcionario municipal y no se justifica este actuar. El concejo está de manera unánime hasta el momento, con la idea de que tenemos que seguir generando espacios de información y transparencia con respecto al juicio de cuentas, pero también con respecto al informe de Contraloría, donde habla de bastantes irregularidades por parte de algunos funcionarios municipales y eso lo vamos a ver hoy en una sesión de consejo extraordinario. Vamos a ver si es viable poder avanzar en esto, son temas delicados, que preocupan y la ciudadanía lo que busca es también que nosotros vayamos de cara a la gente de manera transparente y con probidad”, dijo Ramírez.

Los concejales pidieron respuestas, saber si existen sumarios administrativos en curso para determinar la responsabilidad de los funcionarios que habrían incurrido en las irregularidades, como lo señala la Contraloría, “y por otro lado, cuál es la respuesta que da el municipio con esta deuda que hoy hay que financiar de alrededor de 1.000 millones y fracción por parte también de la Administración Municipal”.

“Queremos primero desmenuzar este informe, saber bien el detalle, quién está involucrado, el por qué, para después nosotros tomar acciones administrativas bajo la orgánica municipal que permite a los concejales también tomar alguna atribución, eso es lo que nosotros ayer lo planteamos en la sesión. Desde el área jurídica, nos dan una respuesta de que aquí hay algunos temas que también se defiende la empresa concesionaria con las multas que nosotros le hemos cursado, que estas no se han llevado a fin. Por lo mismo, hemos pedido que este informe de los $1.400 millones se aclare, se explique bien por qué ocurrió y qué es lo que va a pasar también con ese gasto público que al municipio se le está, de alguna manera, cobrando con nombre y apellido”, agregó Rodrigo Ramírez.

No descartan levantar una comisión con la Dirección Jurídica para esclarecer los antecedentes y revisar punto por punto el contenido del informe emanado por la Contraloría.