Diversas reacciones generó el acuerdo alcanzado por el MOP y la empresa Astaldi para poner fin a la concesión del embalse La Punilla, y destrabar así la demanda de extinción del contrato que presentó el MOP en septiembre de 2019, proceso que estaba paralizado debido a la declaración del Estado de Excepción en el país.
El acuerdo no ha sido confirmado por el MOP y según trascendió, el Estado tendría que indemnizar a la empresa por un monto inferior al que Astaldi alcanzó a desembolsar.
Compromiso presidencial
El senador Claudio Alvarado sostuvo que se debe valorar el acuerdo, que permitirá relicitar el proyecto, que considera una central hidroeléctrica.
Alvarado hizo hincapié en que se cumplió el compromiso del Presidente Piñera, quien en agosto de 2020 se comprometió a destrabar el proyecto, aunque el senador no precisó que el Mandatario se había comprometido a hacerlo en seis meses.
Nuevo proyecto
Por su parte, el diputado Frank Sauerbaum criticó los alcances del acuerdo, tanto por el perjuicio económico para el Estado como por la demora que significa para los regantes, y apuntó a los errores del MOP en el diseño del embalse.
La crisis con Astaldi se gestó luego que la concesionaria detectara que el MOP falló en el cálculo de la capacidad de almacenamiento del embalse, pues la obra en realidad tendría un 10% menos de volumen.
Sauerbaum planteó que se debe abandonar el modelo de negocio con el componente de generación hidroeléctrica, que calificó de “fracasado”.
“No solamente se le va a producir un perjuicio económico enorme al Estado chileno, sino que también a cinco mil pequeños agricultores que esperaban tener agua en los próximos años. Es el embalse más importante del país, con una inversión de US$500 millones y se ha transformado en el Cau-Cau del agro”, aseveró.
“Él modelo de negocio hace que la empresa a través de la generación eléctrica se pague de la inversión. Ese es un modelo equivocado hoy en día porque los precios de la energía están demasiado bajos”, agregó el diputado.
En esta línea, hizo “un llamado al Gobierno a hacer una renuncia a esta forma de financiar los proyectos y el Estado va a tener que hacer inversiones millonarias a través de pequeños embalses que tengan un impacto social y ecológico menor para las comunidades”.
Sentenció que la iniciativa está muerta “y tenemos la sospecha de que en el mediano plazo no vamos a tener a una empresa interesada con el actual modelo de negocio”.
“El proyecto llevaba un avance significativo, provocando un daño medioambiental y un daño a las comunidades enorme. En su momento se desalojó a las comunidades produciendo un daño muy importante, esto ha sido una comedia de errores lamentables”, finalizó.
Proyecto inviable
Desde la mirada ambientalista, el constituyente César Uribe, uno de los fundadores del movimiento Ñuble Libre, aseveró que “se siguen cometiendo los errores históricos en relación al embalse, hoy más que nunca está en cuestionamiento la viabilidad del proyecto, por lo que seguir insistiendo con un proyecto como éste me parece una tozudez. No va a prosperar, porque a todos los problemas que ya tiene, ahora se suma este cambio constitucional que va a generar una nueva legislación, por ejemplo, respecto de la propiedad del agua, en que probablemente se va a desprivatizar”.
“La Punilla se aprobó en 2010 en un contexto muy distinto, y hoy no puede seguir bajo las mismas normas ambientales, de hecho, la normativa establece que la construcción debió haberse iniciado dentro de cinco años, y eso no ha ocurrió”, añadió.
Finalmente, reiteró la propuesta de diseñar un embalse distinto, “fuera de línea”, como el Coihueco, “que no genere el daño ambiental y social que sí genera La Punilla”.
