Muchas de las cárceles chilenas presentan infraestructura obsoleta, en las cuales se apiña una población numerosa, que excede largamente la capacidad de albergue de esos inmuebles. Tal convivencia, lejos de ayudar a la rehabilitación, convierte a las prisiones en escuelas de aprendizaje del delito.
Entretanto, las autoridades de Justicia de sucesivos gobiernos han reconocido la delicada situación, pero solo han atinado a formular promesas, proyectos inconclusos y soluciones parciales que poco han contribuido a reparar este déficit. Lo que ocurre con la cárcel de Chillán, cuyo traslado lleva esperando 25 años, es un ejemplo.
En ese tiempo han abundado las promesas, probablemente muchas bien intencionadas, pero nada de hechos concretos y, en especial, sigue ausente la decisión firme de encarar la cuestión carcelaria mediante una política de Estado que la aborde en todos sus complejos aspectos.
Probablemente, si se procediese de esta última manera, se progresaría mucho en la lucha contra la inseguridad, problemática hoy en el primer lugar de las preocupaciones ciudadanas, pero respecto de la cual no hay propuestas en materia de reinserción carcelaria, en contraste con un largo inventario de medidas represivas, algunas incluso que reflotan figuras de la dictadura militar.
En efecto, la mayor parte de las cárceles chilenas no responde adecuadamente a la positiva intención de impulsar y promover la recuperación de los reclusos, tal como lo demuestran estudios realizados por Gendarmería sobre reincidencia penal, donde un 52,5% de los reos que cumplieron una condena en algún recinto penitenciario del país volvió a delinquir.
En Ñuble, en cambio, las cifras de reincidencia son menores -de 33% de los condenados a régimen cerrado y de 16% en régimen abierto- revelando la trascendencia de un factor tan importante como ausente en los esfuerzos de reinserción: las oportunidades laborales. Dicho de otra forma, menos gente que delinque en Ñuble vuelve a la cárcel porque aquí existen reales opciones de hallar un trabajo, aunque sea precarizado, en labores agrícolas o en el comercio informal.
Sin embargo, que empleos informales sean el único camino a la reinserción laboral y social está lejos de ser el ideal. Por todo ello, resulta clave que el sistema penitenciario mejore su capacidad de ofrecer alternativas de formación efectivas, dignas y adecuadas a las aptitudes de los internos y pertinentes con las demandas del mercado laboral del territorio al que pertenecen los internos.
Ojalá se entendiera que la reinserción no es ninguna medida de gracia o extraordinaria. En países desarrollados -a los que aspiramos a parecernos- todo el sistema de tratamiento penitenciario tiene como objetivo la progresión del recluso hacia la vida en libertad.
Si la Justicia pretende que la cárcel no tenga exclusivamente un carácter punitivo, tiene que buscar la recuperación del delincuente para la sociedad. Así al menos está consagrado en nuestra Constitución Política.
Necesitamos disminuir de manera urgente la delincuencia, recuperar espacios y la tranquilidad necesaria para realizar actividades cotidianas. Por ello, es crucial comprender que enfocarse exclusivamente en las sanciones y endurecer medidas no es suficiente. Cada reinserción efectiva es un delincuente menos.
