El Estado chileno nunca ha organizado territorialmente al país en función de reconocer a las regiones como un sujeto político capaz de decidir y tomar sus propias decisiones. La dictadura militar regionalizó el país y estableció los límites administrativos de las regiones en base a criterios geopolíticos, con el objetivo de garantizar primordialmente la seguridad nacional. Antes de él, la Corfo y Odeplan organizaron territorialmente el país en base a un claro objetivo de promover el desarrollo y crecimiento territorial.
Ambos modelos requerían de un tipo de descentralización que veía en las regiones un objeto, y no un sujeto democrático o contrapeso regional al interés nacional y homogeneizador de la elite política central.
Posterior a la caída del régimen de Pinochet, la “regionalización” siguió tal cual, y tuvieron que pasar más de 30 años para que en 2007 se aceptara la creación de dos nuevas regiones (Arica y Los Ríos) y otros diez para la tercera (Ñuble).
Por ello, las manifestaciones de descontento por mayor participación, más decisión, más democracia en regiones, son síntoma de que en algunos territorios no están dispuestos a seguir siendo objetos, sino que quieren ser protagonistas y sujetos de su propio desarrollo. Ocurrió con las tres antes citadas y lo mismo con otras que hoy también aspiran a la “independencia”, como son Maule Sur y Aconcagua.
Por eso si en el próximo debate constitucional no se asume que las actuales regiones no fueron diseñadas para ser sujetos de su democracia y desarrollo, y en consecuencia no se modifica la actual regionalización, todos los esfuerzos por distribuir el poder político seguirán resultando ambiguos para los ciudadanos.
Mientras tengamos más fragmentación que cohesión territorial -cuestión que se traduce en una constante tensión política intrarregional- la mala distribución de los recursos, la falta de compromiso regional de las autoridades, y la ausencia de diálogo entre los actores productivos y sociales de las provincias, seguirán siendo la tónica.
Asimismo, tampoco habrá un cambio significativo si no hay liderazgos locales capaces de construir proyectos políticos cohesionados y conciliadores de alcance regional, que contrarresten la excesiva influencia que hoy tienen los parlamentarios en regiones.
Entonces, no nos engañemos. Que avances como la elección popular de los intendentes, el traspaso de algunas competencias desde el nivel central y otras iniciativas que hasta ahora son solo buenas intenciones, no nublen el fondo regionalista que está en crisis en nuestro país.
Chile requiere un nuevo pacto territorial que pueda permitir construir regiones en base a criterios sociopolíticos, una nueva regionalización democrática. Sobre ella se debe crear una administración descentralizada del poder. La solución no pasa solamente por más distribución de poder político para la misma regionalización que se diseñó hace 40 años y que, por cierto, ya fracasó.
