Su preocupación, expresaron los gremios de agricultores y regantes, tanto a nivel regional como nacional, por la votación de la reforma al Código de Aguas, previsto para esta semana en la comisión de Constitución del Senado, debido a la “derogación” de todas las disposiciones del Código que reconocen la propiedad sobre los derechos de agua, de acuerdo al texto aprobado hasta el momento.
El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura de la Cámara Alta, y tras nueve años de tramitación este es su paso previo a la votación del pleno.
Se trata de los artículos de la reforma que tuvieron reparos de constitucionalidad por parte del Gobierno y de los entonces senadores Andrés Allamand y Víctor Pérez, quienes integraban dicha comisión y que fueron reemplazados por Luz Eliana Ebensperger y Rodrigo Galilea.
Dada la composición de la mencionada comisión (tres integrantes de oposición y dos oficialistas), el resultado más probable es que se desestimen los reparos de constitucionalidad y se ratifique el texto aprobado por las instancias anteriores, lo que da cuenta de la predominancia del componente ideológico en el debate, por sobre lo técnico.
“Abolición de derechos”
En ese contexto, el diputado Frank Sauerbaum y el senador Galilea sostuvieron una reunión telemática con agricultores de Ñuble y con personeros de la Junta de Vigilancia del río Diguillín.
En la oportunidad, Galilea dio a conocer el estado actual de la discusión parlamentaria, recibiendo por parte de los invitados a la reunión algunas ideas que podrían ser incorporadas en la misma.
Se espera que uno de los primeros artículos a revisar será el 6º, ligado a dos de los cambios más cuestionados por el Ejecutivo y los regantes: los derechos nuevos que serán otorgados como concesiones temporales y lo referido a la extinción de derechos cuando las aguas solicitadas no se utilizan, lo cual actualmente solo se grava con pago de patentes por no uso.
También se votarían los artículos sobre caducidad de derechos, en el caso de aquellos cuyos titulares no se inscriban en el Conservador de Bienes Raíces.
Francisco Saldías, juez de aguas de la junta de vigilancia del río Diguillín , agradeció la instancia y señaló que sirvió para exponer la opinión sobre la reforma que, desde su punto de vista, “es una abolición de los derechos de agua de los agricultores y de derechos que no estando inscritos se han respetado históricamente en el mundo agrícola”.
Saldías agregó que “creemos que es importante poner este tema en el tapete, porque sería grave para el desarrollo agrícola del país”.
Sauerbaum comentó que la reunión buscó aclarar puntos sobre los asuntos que actualmente se están tramitando, con el fin de ir generando conciencia de lo que esto podría tener como consecuencia. “Creemos que , como señala Francisco Saldías, la reforma al código de aguas puede transformarse en un gran problema para el desarrollo agrícola de Chile”, dijo.
En la cita también participó el seremi de Agricultura, Juan Carlos Molina, quien señaló que el ministerio está siguiendo de cerca lo que pasa con el proyecto ya que para los agricultores es importante contar con certeza jurídica para poder planificar acciones futuras. “Desde el ministerio esperamos que salga un buen proyecto que beneficie a nuestros agricultores”, indicó.
Finalmente, Sauerbaum sostuvo que “cerca del 75% del agua utilizada se destina a la agricultura para generar alimentos, por lo que resulta fundamental entregar certeza jurídica para que estos puedan efectivamente desarrollar inversiones de largo plazo. Lo mismo sucede con los pequeños agricultores por lo que se necesita disminuir la ideologización de la discusión y enfocarse realmente en el beneficio de las personas”.
