El supuesto cobro de una suma de $50 mil a cada vecino del sector Los Aromos, por concepto de pago por un proyecto de Agua Potable Rural que ya venía financiado, es lo que el Ministerio Público le imputa al alcalde de San Nicolás, Víctor Toro Leiva, quien fue reformalizado (tercera vez) en el Juzgado de Garantía de Chillán.
Los hechos se remontan a fines de 2018 y principios de 2019, considerando una nómina de 170 beneficiados a quienes se les cobró esa suma bajo la explicación que era necesario para concretar el proyecto, lo que a juicio del fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez, constituye el delito de exacción ilegal, ya que el jefe comunal no estaba facultado para realizar esos cobros, los que fueron depositados a la Tesorería Municipal de San Nicolás.
El jefe comunal fue formalizado por primera vez en 2022, ocasión en que el fiscal Pérez expuso ante el Juzgado de Garantía de Chillán que a los beneficiados con el proyecto se les había amenazado haciéndoles creer que el que no pagaba esa cuota, no sería beneficiado.
Constaba también en la documentación recabada por la Brigada de Delitos Económicos, de Policía de Investigaciones de Chillán, que el proyecto en cuestión se aprobó con la entrega de $195 millones aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), lo que cubría la totalidad de los gastos.
Tras esa primera instancia judical, el alcalde Toro dijo a medios locales que “todo se trata de un error. La Fiscalía tiene sólo una versión de los hechos y todo se va a esclarecer a tiempo”, lo que a tres años de esa primera audiencia, no ha ocurrido.
Ya para 2023, el fiscal Pérez anunció una reformalización ante el descubrimiento de nuevas formas en las que se habría incurrido para cometer el delito que se investiga.
Para entonces, no sólo la Fiscalía de Chillán actuaba como parte persecutora, ya que grupos de vecinos afectados habían solicitados los servicios de abogados particulares para actuar como querellantes, puesto que se trata de personas que se negaron a pagar los $50 mil, por lo que desde el municipio, enviaron a funcionarios a retirar los arranques recientemente instalados conforme al diseño del nuevo proyecto.
En esta nueva formalización, el fiscal Pérez expuso que “en el marco de la investigación realizada, se descubrió que entre 2016 a 2021, el imputado exigió, además, lo mismo a otras 319 personas de otros cuatro proyectos a implementar en los sectores Lleuquén Sur, Quillahue Alto, Alto Changaral y Vidico”.
LA DISCUSIÓN buscó comunicarse con el alcalde y con los funcionarios y concejales más cercanos a él, sin embargo no respondieron a nuestros llamados.
En redes sociales, al menos, en la cuenta del alcalde, se explicaba que para el 28 de febrero, el juzgado había fijado una audiencia para explorar una salida alternativa de esta causa.
