Por 10 votos a favor y uno en contra, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara aprobó en general antes del receso legislativo el proyecto de ley que promueve la gobernabilidad y la representatividad del sistema político, iniciativa que será votada en particular durante marzo próximo, tras la conformación de una mesa de trabajo entre el Ejecutivo y los partidos para acordar ajustes al texto.
La propuesta, ingresada por el gobierno el 30 de junio pasado y ya despachada por el Senado, eleva los requisitos para la constitución de partidos políticos y modifica su sistema de financiamiento público. Uno de los puntos más debatidos ha sido el aumento del umbral para formar colectividades, que se fija en el 0,5% del padrón electoral en al menos ocho regiones del país, requisito que algunos parlamentarios consideran excesivo y potencialmente restrictivo para nuevas fuerzas políticas.
Durante la discusión, legisladores también cuestionaron que las nuevas exigencias se apliquen con mayor fuerza a partidos en formación, mientras que las colectividades actualmente constituidas contarían con plazos más amplios para adecuarse. Asimismo, se planteó que los problemas de gobernabilidad no se explican únicamente por el número de partidos, sino también por fenómenos como la migración de parlamentarios entre colectividades y la falta de herramientas para enfrentar la denominada indisciplina parlamentaria.
La mirada del Servel
En la sesión, la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, expuso diversas observaciones técnicas que, a juicio del organismo, debieran precisarse antes de la votación definitiva. Entre ellas, advirtió que exigir constitución en ocho regiones elimina en la práctica la posibilidad de partidos de carácter regional, que actualmente suelen iniciar su formación en tres regiones contiguas como etapa previa a su expansión nacional.
El Servel también alertó sobre los efectos de condicionar el acceso al financiamiento público a la obtención de representación parlamentaria, señalando que la medida podría afectar la supervivencia de partidos pequeños o de vocación local y generar incentivos para aportes fuera del sistema formal. Asimismo, planteó la necesidad de aclarar plazos y efectos de las nuevas inhabilidades para quienes participen en procesos de formación de partidos que finalmente no logren constituirse.
Las observaciones técnicas serán parte de la discusión que continuará durante las próximas semanas, antes de la votación en particular prevista para marzo en la Cámara de Diputadas y Diputados.
