La Contraloría Nacional de la República derivó al ente contralor regional una solicitud emanada desde el Concejo Municipal de Chillán, para que se investiguen los sumarios que ha instruido la actual administración edilicia.
El requerimiento surgió luego de que ediles de la ciudad apoyaran la moción del concejal Juan López Cruz, quien envió hace unas semanas a Santiago un escrito, pidiendo información sobre el estado de las investigaciones internas ordenadas por el alcalde Sergio Zarzar y ejecutadas por funcionarios del consistorio.
Según los requirentes, lo que se pretende es que el municipio chillanejo presente los antecedentes pormenorizados de cada una de las investigaciones y sumarios ejecutados, de los cuales se tiene solamente conocimientos generales.
“Cada vez que le hemos pedido al municipio informaciones sobre algún hecho específico, y en algunos casos de gran connotación pública, se nos dice que habrá una investigación interna e incluso se señala que se está trabajando por parte de fiscales municipales, pero pasa el tiempo y no se conocen resultados, como sanciones que hayan sido eventualmente sugeridas”, reclama el radical López Cruz.
De igual manera, la concejala Brígida Hormazábal (PS), detalla que los concejales derivaron una copia del requerimiento hecho a la Contraloría, a la Municipalidad de Chillán, específicamente a los departamentos de Control, Jurídica y Administración.
En el documento se plantea que los concejales “vienen en reiterar y formalizar solicitud de antecedentes, respecto a sumarios e investigaciones sumarias, instruidas u ordenadas, por la autoridad comunal, durante su permanencia en el cargo, al día de hoy, regidas por las normas dispuestas en la Ley Nº18.883, Estatuto administrativo para funcionarios municipales”.
Según el texto, derivado igualmente a Contraloría Regional, se piden específicamente los decretos alcaldicios que instruyen cada uno de los sumarios, los motivos que los originaron, como asimismo las designación de los respectivos fiscales y actuario internos.
Igualmente se pretende saber si es que se han respetado los plazos para cada una de las investigaciones, pues se tiene la impresión que muchos de ellos no culminaron en las fechas previstas.
De igual manera, se requiere información relativa a las “medidas disciplinarias, de acuerdo al grado de la falta cometida, por él o los funcionarios investigados, como también del fiscal y/ o actuario, ante el incumplimiento a su función en el marco del sumario a su cargo”.
Para mayor detalle, se solicita la entrega de los decretos que dieron origen a las investigaciones ejecutadas dentro de la municipalidad.
Brígida Hormazábal agrega: “solicitamos que dicha información sea derivada a los recurrentes a sus correos personales, dentro de los plazos establecidos por la Ley de Transparencia y Probidad Administrativa”.
Casos
Dentro de la información solicitada por los ediles, se cuentan algunos casos de antigua data, como la que fue solicitada por el concejo y eventualmente realizada por el municipio respecto de lo gastos en que incurrió la entidad edilicia para apoyar la ejecución del Mundial de Fútbol Femenino.
Se suma a ello, agrega Brígida Hormazábal, la necesidad de conocer los resultados de la investigación por “la compra de pago de tortas”, usadas por la municipalidad para diversas reuniones sociales en el pasado.
Junto a ello se espera conocer el resultado de pericias internas para conocer las “licitaciones fallidas de áreas verdes” y los problemas que hubieran ocurrido con la empresa OHL, a la que se le rescindió el contrato por incumplimientos graves, según detectó control interno.
En este caso, se detectaron falencias en la fiscalización por parte de los inspectores técnicos del municipio, a lo que se sumó que la empresa externalizó aparentemente funciones que derivaron en trabajos de mala calidad en bandejones centrales de las cuatro avenidas.
Canchas
Se suma a ello que se pide que la municipalidad entregue antecedentes actualizados respecto del estado de la investigación para determinar la forma en que fue aprobado el contrato para construir canchas de pasto sintético en la ciudad.
La Municipalidad de Chillán informó recientemente que se había instruido un sumario administrativo, con la finalidad de conocer las razones que llevaron a que se ordenara un pago adelanto por $300 millones a la empresa que se encarga de construir cuatro canchas de pasto sintético en diferentes poblaciones de la ciudad, por un monto global superior a los $1.500 millones.
El tema fue inicialmente consultado en reunión de Concejo Municipal por el concejal Jorge Vaccaro Collao (RN), quien puso en entredicho que el consistorio aprobara la entrega de la suma de dinero antes de que se hubieran ejecutado obras.
El contrato municipal con las empresas ISM Spa y SuizCorp Spa fue firmado en la Notaría Cortés el 13 de marzo de este año. En el escrito, se detalla la manera en que se entregarían los fondos, pero no se menciona un anticipo de aquella naturaleza.
En el contrato firmado entre las partes, la municipalidad acuerda cancelar a la empresa $1.599.982.196, impuestos incluidos, en 37 estados de pago, siendo el primero de ellos por un monto fijo de $300.000.000.
Sin embargo, las condiciones de este adelanto difieren de lo que ocurrió en realidad, pues en el escrito notarial se establece que esa suma se cancelará solo “contra la recepción conforme por parte de la ITS (Inspección Técnica de Servicios) de la implementación de las instalaciones deportivas de los cuatro recintos”.
Además, se aclara que “el saldo restante será pagado en 36 cuotas mensuales iguales y sucesivas, reajustadas estas al IPC anual, contra la recepción y visación conforme del ITS”.
En estas condiciones, los $300 millones deberían haber sido cancelados, recalca Vaccaro, una vez que la municipalidad recibiera los recintos deportivos habilitados por la empresa.
La iniciativa municipal beneficiará a las poblaciones Luis Cruz Martínez, donde juegan los clubes Lucero y Estrella del Pacífico; El Roble, en la que juega el 21 de Diciembre; Los Volcanes, donde habitualmente hace de local Deportivo San Luis; y al sector Ultraestación, cerca del nuevo parque y en el que ha jugado Avance.
De acuerdo a las condiciones del vínculo, el plazo de ejecución de este sería de 36 meses o tres años, que es la vigencia de este arriendo que realiza el municipio a las empresas que ganaron la ahora cuestionada licitación.
Si bien la Municipalidad de Chillán adelantó los $300 millones en marzo pasado, solo durante el mes de junio se concretó la entrega oficial de los terrenos en los que las contratistas comenzaron a trabajar.
Se espera conocer en este caso quien es finalmente el fiscal que instruye la causa, pues inicialmente se le había pedido que la condujera el contralor interno Wenceslao Vásquez Seguel, quien a juicio de los ediles estaría inhabilitado para ello, pues él habría validado la entrega de los $300 millones que pedía Administración Municipal.
El concejal Jorge Vaccaro próxima sesión de concejo municipal se entreguen antecedentes solicitados.
