Señor Director:
El gobierno ha sostenido, desde la campaña, que en Chile vivimos una crisis de seguridad. Bajo ese diagnóstico, la seguridad pasó a ser el eje de su acción política. Por lo mismo, el recorte cercano a los $72 mil millones en el Ministerio de Seguridad tensiona directamente con ese diagnóstico.
Más allá del monto, el problema es el contenido del recorte. La reducción recaerá sobre gasto en personal, operación y servicios en Carabineros, así como dotación en la PDI. También afecta la mantención de infraestructura y vehículos, además de programas vinculados a la persecución penal y la intervención territorial. Se trata de componentes críticos del funcionamiento del sistema de seguridad.
Un gobierno que ha definido la seguridad como su principal tarea no puede tratarla como un simple gasto más dentro de un ajuste presupuestario general. Se instala una crisis para gobernar, pero al momento de asignar recursos se actúa como si no existiera. No es serio hablar de crisis y recortar donde esa crisis se juega.
Víctor Beltrán Román
Académico Facultad de Derecho UDP
