Tras la serie de varios incendios que han golpeado nuestras regiones del Biobío y Ñuble, Chile vuelve a enfrentarse a una emergencia de gravedad y a un nuevo proceso de reconstrucción, sin haber cerrado aún las lecciones del 2024. Mientras los territorios arden, la política pública sigue administrando el daño en lugar de prevenirlo. La ausencia de una normativa que obligue a cortafuegos y restrinja la construcción en zonas de alto riesgo no es un problema técnico: es una omisión política con consecuencias humanas.
Cada desastre revela que no todos los territorios arden igual. Las catástrofes golpean con mayor fuerza a quienes ya vivían en precariedad, informalidad habitacional y abandono estatal. El incendio no crea la desigualdad, pero la expone con crudeza. Por eso, el desastre no es solo natural: es profundamente social. La reconstrucción no puede seguir entendiéndose como asistencia ni como una carrera por mostrar cifras. Reconstruir es restituir derechos, proyectos de vida y vínculos comunitarios. Sin embargo, en Chile seguimos reconstruyendo bajo las mismas lógicas que produjeron el riesgo: planificación urbana débil, regulación insuficiente y normalización de la vida en territorios inseguros. A esto se suma la especulación del suelo. Tras cada catástrofe, los terrenos siniestrados —históricamente habitados por familias de menores ingresos— se vuelven atractivos para proyectos inmobiliarios. Sin regulación firme, la reconstrucción se transforma en un mecanismo de desplazamiento social silencioso.
La experiencia demuestra que la reconstrucción no fracasa por falta de diagnósticos, sino por ausencia de condiciones estructurales. Se requieren equipos profesionales estables y especializados, coordinación real entre niveles de gobierno, información clara y presencia institucional sostenida. La rotación de profesionales y la fragmentación estatal profundizan el trauma comunitario: reconstruir sin permanecer es otra forma de abandono. No basta con recursos ni anuncios. Cuando los cargos carecen de fundamento técnico y capacidad resolutiva, la reconstrucción se vuelve simulación institucional. La presencia del Estado debe ser continua, coherente y responsable.
Desde el Trabajo Social, esta realidad interpela nuestro rol ético: visibilizar las lógicas de despojo, traducir el sufrimiento en demanda legítima y fortalecer la organización comunitaria frente a un modelo que muchas veces prioriza la rentabilidad sobre la dignidad. No es resiliencia cuando las familias reconstruyen en los mismos lugares inseguros sin alternativas reales; eso es abandono institucional. Tampoco es desarrollo cuando la reconstrucción expulsa silenciosamente a quienes siempre habitaron el territorio. Una política de reconstrucción con enfoque de derechos exige participación vinculante, información transparente, soluciones habitacionales seguras y planificación territorial con enfoque de riesgo y justicia social. Exige memoria: aprender del desastre para no repetirlo.
Chile no necesita más relatos épicos de resistencia. Necesita políticas que protejan la vida antes de que vuelva a perderse. Porque la reconstrucción no comienza después del incendio, sino cuando se decide prevenir.
Rosa Villarroel-Valdés
Directora de Carrera de Trabajo Social UNAB
