El arribo del ministro de Vivienda, Carlos Montes, a la región del Biobío, como enlace presidencial, constituye una señal del Gobierno del sentido de urgencia que requiere el proceso de reconstrucción de las viviendas de las familias afectadas por los incendios forestales.
Asimismo, con la entrega de una vivienda de emergencia en Ninhue, el martes, comenzó este proceso a contrarreloj que debe cubrir a todos los damnificados antes que comience el invierno.
De acuerdo al catastro que está levantando el Ministerio de Vivienda en Ñuble, a través de la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (Fibe), se estima, hasta el momento, un total de 385 viviendas dañadas, de las cuales 290 tienen pérdida total.
Ello plantea un gran desafío para el Gobierno como para el sector privado, que debe ser capaz de dar respuesta de manera oportuna a esta necesidad urgente, y que viene a aumentar la presión sobre el sector construcción para cumplir la meta de levantar 6.500 viviendas al 2025 en el marco del Plan de Emergencia Habitacional impulsada por el Gobierno para reducir el creciente déficit, que en Ñuble se estima en 9.500 viviendas.
Precisamente, ayer en Chillán, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Juan Armando Vicuña, se refirió al proceso de reconstrucción que se comienza a delinear, en particular, respecto a las capacidades de las empresas regionales de dar respuesta a la demanda de viviendas de emergencia como también de viviendas definitivas.
En ese sentido, se valora el trabajo de coordinación público-privada liderado a nivel nacional por la encargada de la reconstrucción en la zona centro-sur, la exministra de Vivienda, Paulina Saball, una señal de la importancia de incorporar a actores independientes en los equipos que estarán a cargo de este trabajo en la región.
Frente a este enorme desafío es clave escuchar, en primer lugar, a los afectados, y por supuesto, a los expertos, un diálogo que debe ser guiado por el Gobierno, de manera de presentar las soluciones pertinentes a las distintas realidades territoriales, una tarea bastante compleja si se considera la dificultad adicional que representa la alta dispersión geográfica de la población rural.
En ese contexto es que no son pocos los que plantean la conveniencia de mirar soluciones inteligentes, como las viviendas industrializadas, que permiten reducir el tiempo de construcción y montaje, así como la autoconstrucción, a través de un proceso de acompañamiento liderado por los respectivos municipios, aprovechando las competencias de los propios afectados, lo que permitiría responder al problema de escasez de mano de obra especializada.
Es fundamental, además, cumplir el mandato presidencial de entregar soluciones integrales, es decir, la reconstrucción no solo de las casas, sino que también del modo de vida de las familias afectadas, lo que significa volver a levantar también las cadenas de valor, la infraestructura productiva, la conectividad y las escuelas, entre otros elementos, con una mirada de largo plazo, que apunte a alcanzar un estándar de calidad de vida superior al que tenían antes de los incendios.
