La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por unanimidad la solicitud de desafuero del gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, en el marco de la investigación del denominado Caso ProCultura. La decisión fue adoptada por el Pleno de la Primera Sala del tribunal de alzada, con 24 votos contra cero.
La acción había sido presentada por el Ministerio Público y representaba el último recurso de la Fiscalía Regional de Antofagasta para formalizar a la autoridad por su presunta responsabilidad en el delito de fraude al fisco.
Tras los alegatos de ambas partes, el presidente del tribunal, Fernando Carreño Ortega, informó que el pleno desestimó hacer lugar a la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Local de Antofagasta en contra del gobernador. La redacción de la sentencia quedó a cargo de la ministra Sandra Araya Naranjo.
La tesis del ente persecutor, encabezado por el fiscal Cristián Aguilar, sostiene que Orrego habría sido una pieza clave en la asignación irregular de 1.600 millones de pesos a la fundación ProCultura, dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín. De acuerdo con la investigación, los recursos destinados al programa de prevención del suicidio “Quédate” fueron adjudicados de manera directa, vulnerando principios de transparencia y probidad administrativa.
Durante su exposición ante la corte, el fiscal Aguilar argumentó que el gobernador incumplió gravemente los deberes de su cargo al no abstenerse de intervenir en una decisión que involucraba a una persona con la que mantenía vínculos de amistad, cercanía política y nexos laborales previos. Según la Fiscalía, se habrían vulnerado principios como la probidad administrativa, la preeminencia del interés general, la imparcialidad, la eficiencia, la transparencia y el deber de abstención.
Tras conocer la resolución, el Ministerio Público indicó que no es posible emitir mayores comentarios hasta contar con el texto íntegro del fallo, el que será comunicado próximamente. No obstante, mantiene la posibilidad de apelar la decisión.
En tanto, la defensa del gobernador, encabezada por el abogado Ciro Colombara, sostuvo que el programa “Quédate” fue una iniciativa legítima y con impacto social, y que la fundación contaba con la experiencia técnica necesaria para ejecutarlo. Desde esa perspectiva, estimaron que el proceso podría concluir en un sobreseimiento definitivo.
Asimismo, recordaron que el Gobierno Regional Metropolitano es querellante contra ProCultura por el delito de apropiación indebida, por lo que —según señalaron— el interés de la autoridad es que la investigación avance y que se sancione a los eventuales responsables.
