En marzo continuará la discusión, en segundo trámite legislativo, de la reforma que busca rebajar la dieta parlamentaria y el sueldo de diversas autoridades públicas.
En las últimas dos sesiones de la Comisión de Constitución del Senado, donde se está analizando la iniciativa, los parlamentarios han escuchado a representantes del Servicio Civil y del Banco Central (BC), quienes han expuesto algunas dificultades que tendría el texto aprobado por la Cámara, el cual incorpora, además de los altos cargos del país; a más de 10 mil funcionarios públicos.
E l proyecto plantea la creación de una comisión técnica integrada por representantes del Consejo de Alta Dirección Pública, miembros del Banco Central y uno designado por el Presidente de la República, para fijar cada cuatro años las remuneraciones del sector público.
El presidente del BC, Mario Marcel, planteó que ningún Banco Central del mundo tiene esa tarea , y que en la legislación chilena existen otras entidades como el Servicio Civil que están encomendados por ley para estudiar y fijar remuneraciones. Asimismo, dijo que el proyecto no incluye criterios de asignación de remuneraciones y que en los países donde existen órganos externos que fijan los sueldos, también se fijan criterios para definir sueldos, por lo que sería recomendable que el proyecto incluyera eso.
De ahí que entre las propuestas surgidas en la comisión estén el acotar el universo de autoridades y cargos públicos que estarían sujetos a la reducción de remuneraciones, y contar con criterios orientadores, definidos en la legislación, para fijar las rentas.
De acuerdo al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, en Ñuble, por ejemplo, además de incorporarse a los cinco diputados y a los dos senadores, la rebaja de remuneraciones se extendería, así como está planteado el proyecto, al intendente, gobernadores, alcaldes, concejales, jueces de P o licía L o cal, directores de Obras Municipales, ministros y fiscales de la Corte de Apelaciones, jueces de primera instancia, fiscal regional, presidente del Tribunal Electoral Regional (que no sea parte de otro estamento del Estado) y general de Zona de Carabineros.
Para efectos de la rebaja inmediata de un 50% aprobada en la Cámara, mientras se constituye la comisión técnica, se excluyó a alcaldes y miembros del Poder Judicial.
Definiciones serán en marzo
“Ya hemos recibido en la comisión al presidente del Banco Central, al director del Servicio Civil y al director del Servicio de Empresas Públicas. Nuestra idea es sacar este proyecto lo antes posible, pero sin producir una afectación grave, por ejemplo, a los miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público, o a funcionarios públicos municipales o de Gobierno, que de aprobarse el proyecto como viene desde la Cámara de Diputados, verían rabajada su remuneración. Son cerca de 10 mil personas las afectadas. Nosotros creemos que si el objetivo es disminuir la remuneración de los parlamentarios, no podemos con esto afectar a todos los funcionarios, sería tremendamente injusto”, sostuvo el presidente de la C o misión de Constitución, senador Felipe Harboe, quien insistió en que se están viendo las alternativas para sacar adelante el proyecto lo antes posible, “Pero sin afectar la carrera funcionaria ni las remuneraciones de los funcionarios públicos, porque no nos parece adecuado”, aseveró.
Similar opinión tiene el también miembro de la Comisión de Constitución, senador Víctor Pérez.
“Hay que hacer un estudio mucho más global para incorporar cargos a este proyecto, y los representantes del Banco Central y del Servicio Civil quedaron de entregar una propuesta”, afirmó el legislador, quien espera que en marzo se entregue información mucho más acabada respecto de los efectos de esta medida.
“Lo que quede al final podría ser que la norma se circunscriba al nivel central del gobierno y al Parlamento”, advirtió.
