El inicio del 2026 trae consigo la reactivación legislativa en el Congreso, donde uno de los primeros y más polémicos puntos en la agenda es el proyecto de reajuste del sector público.
Según se informó, este proyecto, que contempla un acuerdo del 3,4% de reajuste, debe ser ingresado por el Gobierno este lunes o martes, fechas considerada muy tardía por los empleados fiscales, considerando que el reajuste debe comenzar a regir desde este mismo enero.
Sin embargo, el foco de la controversia no radica únicamente en el porcentaje del aumento, sino en lo que se ha denominado “normas de amarre”. Estas disposiciones, que han generado un debate previo considerable, han sido rechazadas por los trabajadores.
“Lo más importante para nosotros es la estabilidad laboral, y esto viene con la confianza legítima que tenía el contralor Bermúdez. Lo que se pide es que, por lo menos los funcionarios y funcionarias que tengan dos años de renovación de contrata, sus despidos no sean arbitrarios, solamente que les digan por qué los van a despedir”, afirmó Laura San Martín, coordinadora de la mesa del sector público.
La también dirigenta de la CUT desmintió la percepción generalizada sobre la intención de estas normas, aclarando que “no estamos pidiendo amarres como se ha dispuesto por toda la prensa y por todo el sector político”.
“Los cargos de confianza se van con quien los trajo, ya sea ministros, seremis, subsecretarios, y esos cargos de confianza son abogados, periodistas y todos los asesores que se trajo”, puntualizó San Martín.
Desde la vereda de la oposición, la postura es firme. El diputado Felipe Donoso (UDI) advirtió que el proyecto incluye “una serie de normas que son de amarre a los funcionarios públicos del Frente Amplio, lo que no vamos a aceptar. Tampoco podemos aceptar que el reajuste sea en base a la deuda del Estado”.
En la misma línea, su par de Republicanos Agustín Romero si bien se mostró abierto a “aprobar leyes responsables”, rechazó “una ley de amarre que intente dejar compromisos sin financiamiento para el próximo gobierno”.
Asimismo, acusó que “si alguien genera conflictividad no es de la oposición, es este gobierno saliente al querer imponer normas a última hora. Rechazar malas ideas hoy es precisamente la forma de evitar un conflicto mayor mañana”.
