Esta semana la Cámara de Diputadas y Diputados, con una mayoría abrumadora, aprobó discutir un nuevo retiro de los fondos de las AFP y este miércoles comenzó a debatirse en la Comisión de Constitución de la Cámara.
Y si bien es considerada una mala medida desde la perspectiva previsional, tal como lo han afirmado expertos e incluso organismos internacionales, porque finalmente no le deja más alternativa al trabajador o emprendedor de clase media ahogado por los compromisos financieros que echar mano a sus ahorros para la vejez, es además una mala política que golpearía duramente a nuestra economía.
Los tres retiros previos alcanzaron a 50.000 millones de dólares, inyectando una liquidez histórica a los bolsillos de los chilenos y chilenas, que desataron un boom de consumo que es uno de los factores detrás de las presiones inflacionarias que estamos viviendo.
Recordemos que la inflación se define como el incremento sostenido del nivel de precios de los bienes y servicios que se produce en un determinado periodo de tiempo y da lugar a una devaluación del dinero. Es decir, el dinero vale menos y por lo tanto permite adquirir menos bienes y servicios, perjudicando sobre todo a los sectores más pobres. Pese a ello, el Congreso –o una buena parte de él- parece empecinado en aprobar un quinto retiro de los fondos de pensiones, omitiendo por completo los fundamentos técnicos y las advertencias del Banco Central, de destacados economistas y del propio Gobierno sobre el efecto inflacionario que causará esta medida. En otras palabras, el remedio producirá una enfermedad mayor.
Seguramente, hace dos años nadie habría apostado por la idea del retiro del 10%. Y la razón no radica solamente en la aguda crisis económica, sino que también en el cambio de agenda que impuso el estallido social, cuyas críticas al sistema de AFP sonaban incluso más fuertes que una nueva Constitución.
En ese sentido, la génesis política y social de esta medida es el fracaso de diferentes gobiernos y los dirigentes políticos por implementar una verdadera reforma previsional que asegure pensiones dignas, pues pese a los esfuerzos por mejorar los montos en los segmentos vulnerables a través de aportes del Estado, en la práctica, por distintas razones, el modelo de AFP no es capaz de cumplir el objetivo por el cual fue concebido. Si a ello se suma la crítica ideológica de los promotores de un modelo de reparto, no debe extrañar que parte de la fuerza de esta medida se explique por el interés de algunos sectores por demoler el sistema.
Cuando se gobierna y legisla primando el bien común, se realizan acuerdos consensuados entre los diferentes sectores políticos, se reciben opiniones de los técnicos y de los centros de estudios y se toman los tiempos necesarios para discutir la mejor opción. Nada de aquello aplica a este proyecto del quinto retiro de los fondos de pensiones que traerá en lo inmediato alivio para algunos bolsillos -muchos menos que los tres retiros precedentes- pero producirá en el mediano plazo pensiones a la baja y aumento en el costo de la vida, todo lo contrario a lo que deberían impulsar nuestros legisladores, hoy extraviados en su rol de buscar el bien común.
