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Luego que los consejeros regionales Lorena Jardua (UDI) y Cristian Quilodrán (ind.) presentaran una querella en contra del gobernador regional, Óscar Crisóstomo, y otros funcionarios por presunto fraude al fisco en el marco del caso Fundaciones, y ésta fuera acogida a trámite; el Partido Socialista de Ñuble salió a cuestionar las motivaciones de esta acción.
“Ante esta ofensiva, ya existe una investigación en curso por parte de Fiscalía en relación con el caso ProCultura, y el gobernador Crisóstomo ha actuado de buena fe, poniendo a disposición toda la información requerida por el ente persecutor para aclarar los hechos. Considerando el punto anterior, tenemos la convicción que esta acción judicial llega a destiempo, y tiene por objetivo dañar la imagen de nuestro compañero gobernador Óscar Crisóstomo, y por consiguiente, afectar los resultados electorales del mes de octubre, considerando que los querellantes tienen pretensiones electorales”, dio a conocer la colectividad oficialista por medio de un comunicado.
En él se agrega que “la querella presentada por la UDI y el consejero regional Quilodrán, y patrocinada además por Juan Pablo González, conocido abogado y conocido operador político de la UDI, responde a una acción desesperada por obtener el sillón del gobierno regional, y se evidencia claramente una campaña del terror en contra de nuestro compañero gobernador. Además, cabe destacar que muchas de las acusaciones que contiene dicha querella no tienen sustento, y otras, son manipulaciones comunicacionales para sembrar dudas en la población. Además, nos parece prudente aclarar en términos generales que la admisibilidad de una querella no es más que la recepción de un escrito que cumple con la formalidad de presentación”.
“Nuestra labor es fiscalizar”
Según la consejera y precandidata a gobernadora de la UDI, Lorena Jardua, “no sé cómo puede considerarse una arremetida o una ofensiva hacer lo que establece la ley. Nadie quiere dañar la imagen de nadie. La única motivación que tenemos al entablar esta querella, es que los hechos se investiguen y se determinen responsabilidades. Cuando asumimos un cargo público, ya sea desde el político hasta el ejecutivo, debe primar la probidad y la transparencia de las personas ante todo”, dijo.
La consejera espera que “todo se discuta con altura de miras, cada uno de los delitos que se señalan y que queremos que se investiguen, están claramente establecidos en el informe final de la Contraloría. La ley no solo nos mandata como cores para apoyar proyectos, además debemos fiscalizar con rigor y responsabilidad. Tanto como servidores públicos, como personas naturales, ante la presunción de delitos, debemos poner los antecedentes ante la justicia”, resaltó.
En tanto, el consejero independiente y también candidato a gobernador por Amarillos, Cristian Quilodrán, sostuvo que sus convicciones están firmes y claras.
“No voy a dar pie atrás, no tengo miedo. He recibido amenazas de varios sectores, de varias personas por lo que pasó, pero no tengo miedo. No voy a dar un paso atrás. Al contrario, voy a seguir dando pasos adelante. Y hasta el último día de mi cargo, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Y si vuelven a aparecer antecedentes y tengo que ir a al TER, lo voy a hacer. Y si tengo que levantar otra querella, lo voy a hacer. Porque mi cargo se ejerce hasta el último día”, manifestó.
