Cada cierto tiempo, la intercomuna Chillán–Chillán Viejo vuelve a enfrentar un problema tan incómodo como persistente: los episodios de malos olores que afectan la calidad de vida de cientos de vecinos. No se trata de una molestia menor ni de un fenómeno aislado. Las reiteradas denuncias ciudadanas y las fiscalizaciones recientes confirman que existe una situación que exige respuestas claras, acciones eficaces y, sobre todo, cumplimiento estricto de la normativa vigente.
En las últimas semanas, las autoridades han debido intervenir nuevamente. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ordenó medidas urgentes y transitorias al plantel porcino del sector Rucapequén, luego de constatar incumplimientos a su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Las inspecciones detectaron que en diversas ocasiones se superó ampliamente el volumen diario autorizado para el riego con digestato —subproducto del tratamiento de purines—, alcanzando incluso casi el triple de lo permitido. Este tipo de prácticas, especialmente durante el verano, incrementa significativamente la emisión de compuestos odorantes que pueden afectar a comunidades cercanas.
Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 se registraron 72 denuncias ciudadanas por olores molestos asociados al plantel, mientras que cerca de 70 personas viven a menos de 700 metros de las áreas de riego. Es decir, existe una comunidad concreta que convive con estas externalidades y que tiene legítimo derecho a exigir que las actividades productivas respeten las condiciones ambientales bajo las cuales fueron autorizadas.
Paralelamente, la autoridad sanitaria inició un sumario contra la empresa Ecobio tras un episodio de malos olores percibido recientemente en la intercomuna. La fiscalización detectó deficiencias sanitarias en el manejo de residuos en el relleno sanitario, además de antecedentes técnicos que apuntan a sus instalaciones como una potencial fuente generadora de compuestos odorantes que podrían afectar a la población.
Estos episodios reflejan un problema más amplio: la convivencia entre actividades productivas necesarias y comunidades que exigen, con razón, condiciones ambientales adecuadas. Ñuble necesita inversión, empleo y desarrollo, pero ese desarrollo debe ser responsable y respetuoso de las normas que rigen la protección del medio ambiente y la salud de las personas.
Resulta fundamental que cada actor cumpla su rol sin ambigüedades. Las autoridades deben fiscalizar con rigor y actuar oportunamente cuando se detecten incumplimientos. Las empresas, por su parte, deben asumir que la licencia social para operar depende, en gran medida, de su capacidad de cumplir no solo con la ley, sino también con estándares que resguarden la convivencia con las comunidades.
Buscar subterfugios, relativizar las denuncias o estirar los límites de las autorizaciones ambientales solo contribuye a erosionar la confianza pública. Cuando una empresa obtiene un permiso ambiental, lo hace bajo condiciones claras, definidas precisamente para prevenir impactos negativos.
La ecuación es simple: la norma existe para aplicarse. Si se cumple, se protege a la comunidad y se da certeza a la actividad productiva. Si se vulnera, corresponde que las instituciones actúen y que las empresas corrijan.
La intercomuna no puede seguir normalizando episodios de malos olores que afectan la vida cotidiana de sus habitantes. La tecnología existe, la regulación también. Lo que se necesita ahora es algo más básico: que las reglas se respeten.
