Miembros de la Asociación gremial de transporte escolar realizaron una manifestación pacífica esta mañana en San Carlos, tal como ocurrió en otras ciudades del país, en la que pidieron a los alcaldes pagar parcialmente los servicios adjudicados este año, pues actualmente muchos municipios que adjudicaron estos contratos a micro y pequeños empresarios no los están pagando, debido a que los servicios se interrumpieron en marzo, con la crisis sanitaria y la suspensión de clases.
Luis Hernández Ojeda, presidente de los transportistas de San Carlos, sostuvo que la Contraloría se pronunció sobre este tema en marzo pasado, en cuya resolución 6.854 se indica que los municipios que adjudicaron estos contratos deberán pagar parcialmente los montos acordados, sin especificar un porcentaje, en la medida que se acredite el pago de remuneraciones.
En ese contexto, el dirigente valoró que algunos municipios, como Ñiquén, San Nicolás y Coihueco, sí han llegado a acuerdo y están pagando un porcentaje de los valores, pero lamentó que la mayoría no lo esté haciendo. Según dijo, “es un tema de voluntad, aquí hay un dictamen y hay municipios que no han querido cancelar, ¿por qué algunos alcaldes lo han hecho y otros no?”
El dirigente explicó en la región de Ñuble existen 2 mil 956 transportistas escolares inscritos en el Ministerio de Transportes, y que se trata, en su gran mayoría, de micro y pequeños emprendimientos familiares que constituyen el único ingreso de dichos hogares, y que además, están con dificultades para pagar los créditos de sus máquinas a financieras y bancos, con el riesgo de perderlas. “No vamos a poder pagar las cuotas, con las prórrogas no será suficiente porque veo muy difícil que se retome el año escolar; nosotros estamos pidiendo que se nos pueda cancelar una parte de las licitaciones de los servicios que nos adjudicamos, hay gente que invirtió, hay costos fijos, estos buses no los podemos tener en la calle, hay que pagar un sitio para estacionarlos”, manifestó.
Hernández comentó que están coordinados con asociaciones de distintas comunas del país que enfrentan la misma situación y recordó que los transportistas de San Carlos ya habían hecho una manifestación el 18 de mayo.
En el caso de los empresarios de Chillán, donde la movilización no se logró concretar, está el problema adicional de que muchos contratos no se alcanzaron a firmar.
“Muchos colegas vienen con problemas desde el estallido social, algunos trabajamos durante el verano con las cosechas, pero en general, lo estamos pasando muy mal, y para los municipios parece que nosotros somos de cuarta categoría, porque no hay una voluntad por buscar una solución pese a que existe un dictamen de Contraloría”, se lamentó el dirigente.
El gremio recibió el respaldo del diputado Jorge Sabag, quien subrayó la difícil situación económica que están enfrentando estos emprendimientos familiares, argumentando que los servicios no se han prestado debido a la decisión de la autoridad.
El parlamentario añadió que el dictamen de Contraloría “ha dado respaldo jurídico a muchos municipios que han pagado ciertos porcentajes de los servicios, precisamente entendiendo que estamos en una situación de catástrofe y se han pagado con cargo a los fondos de apoyo a la educación pública, y también como una medida de emergencia frente a la dramática situación que están viviendo los transportistas escolares, que no han podido respirar y cuyas máquinas están saliendo a remate precisamente porque no han podido generar recursos”.
Sabag puntualizó que está haciendo gestiones con los ministerios de Transportes y de Educación para que este pago se pueda garantizar por ley.
Tras la manifestación, los dirigentes se reunieron con el alcalde (s) de San Carlos, Mauricio del Río, y habrían alcanzado el acuerdo de agilizar los pagos a partir de la próxima semana.
