Es indudable que el proyecto de embalse La Punilla, en San Fabián, enfrenta una etapa difícil, después de un año en que no solamente no avanzó, sino que retrocedió.
La crisis financiera de Astaldi fue el punto de partida, a lo que siguió el conflicto de la concesionaria con el MOP, pues según este último, la empresa no cumplió con el contrato, mientras que la empresa reclamó un error del MOP en el cálculo de la capacidad de almacenamiento del embalse y exigió una millonaria compensación. Finalmente, el MOP pidió poner fin al contrato de concesión con la firma italiana, tema que actualmente está en manos de una comisión arbitral.
Sin embargo, la decisión de ese panel de expertos probablemente tampoco ponga punto final a la controversia, sino sea el inicio de un nuevo escenario judicial, pues Astaldi no querrá irse con las manos vacías. Por lo mismo, entre los regantes cunde el escepticismo, mientras ven como sus campos se pintan de amarillo como consecuencia de la peor sequía de nuestra historia, un “terremoto silencioso” como lo ha calificado el propio gobierno.
Por otra parte, tampoco existe claridad de cuál será la fórmula para ejecutar el proyecto de aquí en adelante. Precisamente el quiebre con Astaldi multiplicó las críticas hacia el sistema de concesiones, por lo que en 2019 cobró bastante fuerza la posibilidad de que el proyecto -que cuesta 500 millones de dólares- se construya como una obra pública, con recursos fiscales, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas. No obstante, esta opción también comenzó a desdibujarse después del 18 de octubre, pues aunque la decisión no se ha tomado, se enfrenta al incremento del endeudamiento fiscal para financiar la agenda implementada por el Gobierno en respuesta al estallido social.
Precisamente hoy, la mesa directiva de los regantes se reunirá con el nuevo subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, con la esperanza de conocer de primera fuente cuáles han sido las últimas gestiones del MOP, el plan de trabajo para este año y la disposición del Gobierno a mantener la prioridad de esta obra emblemática para la región de Ñuble.
Cada error, cada incumplimiento cometido por la concesionaria o por el MOP, no hace más que torpedear una iniciativa tan esperada por los regantes del río Ñuble, quienes ven con preocupación que un proyecto emblemático de la nueva región, que dará seguridad de riego a unas 70 mil hectáreas e inyectará un gran dinamismo a la agricultura y a la economía de la zona, está amenazado por un proceso que no fue bien diseñado, frágil en su estructura y controles, además de una mala gestión social.
Si a ello se suma la creciente sequía que afecta a la zona, no debe extrañar que la desesperanza y ansiedad se reinstalen entre agricultores y autoridades locales, quienes temen que el megaproyecto de riego no salga del listado de obras históricas pendientes.
Es de esperar entonces que el Gobierno logre entregar certezas y enmendar el rumbo de esta iniciativa para devolver la confianza no solo a los regantes, sino también a la región de Ñuble.
