El gobierno ingresó a tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley para eliminar la figura de las y los delegados presidenciales regionales y provinciales, un compromiso asumido por el Presidente, Gabriel Boric, durante su campaña.
Se trata de una sentida aspiración de los gobiernos regionales, que pretenden tener más atribuciones para el ejercicio del poder político en los distintos territorios. Sin embargo, la crítica llegó por el contenido de dicho proyecto, que si bien elimina la figura de los delegados, la reemplaza por la de los jefes regionales y provinciales, que en la práctica, serán los representantes del Presidente y ejercerán en su nombre las facultades que este tiene en cuanto al manejo del gobierno interior, en particular, en materias de seguridad y coordinación con el resto de los representantes del gobierno central, es decir, los seremis.
Además, el proyecto agrega una nueva disposición transitoria, que establece que las modificaciones tendrán efecto solo una vez se dicte la ley orgánica referida, que regulará la forma y organización con que el Presidente de la República podrá ejercer sus funciones en la región y en la provincia.
El gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, en el marco de la cuenta pública del Presidente Boric, se refirió a la iniciativa como “un proyecto que no fue concordado con las máximas autoridades regionales del país”.
“Los gobernadores y gobernadoras de Chile hemos expresado claramente que tenemos diferencias sustanciales con la iniciativa ingresada el 31 de mayo, en cuanto a la forma cómo fue ingresado, pues nos enteramos el mismo día y no teníamos conocimiento del contenido. No hubo diálogo ni búsqueda de puntos en común, a diferencia de lo que ocurrió con el proyecto de Mejores Regiones, donde sí existió una conversación con el Ministerio de Hacienda, y hubo posibilidad de concordar puntos de vista, y el resultado fue satisfactorio para ambas partes”, precisó la autoridad de Ñuble.
Agregó que “ciertamente también tenemos diferencias en el fondo, pues el proyecto no presenta cambios que favorezcan la descentralización ni la manera cómo se ejerce la representatividad del poder central en cada territorio, y por el contrario, contraviene el liderazgo regional de las autoridades elegidas por la comunidad. Por este motivo, hemos solicitado al Presidente Boric que suspenda la tramitación del proyecto, hasta alcanzar un mínimo de acuerdos que otorguen la legitimidad a una iniciativa que antes que nada, debe fortalecer la descentralización y no generar más burocracia, que hace más lenta la respuesta del Estado a la comunidad”.
La seremi de Gobierno, Valentina Pradenas, precisó que “nosotros entendemos que el compromiso del gobierno se ha traducido en el ingreso en mayo del proyecto de ley que considera una eestructuración de las atribuciones de los delegados. Que no haya sido incluido en la cuenta pública no significa que se haya faltado a lo comprometido, porque es en el parlamento donde será abordado y zanjado este debate”.
Visión parlamentaria
Entre los parlamentarios locales, la diputada de la UDI, Marta Bravo, sostuvo que el proyecto ingresado por el Gobierno “provoca que nuevamente se incumpla una promesa de campaña que realizó el propio Presidente Boric, de terminar con el cargo de los delegados Presidenciales o exintendentes. Este proyecto mantiene las mismas atribuciones que las actuales, con la única diferencia de que ya no se llamarán delegados Presidenciales o Provinciales, sino que Jefes Regionales y Provinciales, quienes además seguirán a cargo de labores como la administración del Estado, la seguridad pública, etcétera. Mantiene la misma burocracia estatal que hasta ahora, y no avanza hacia un verdadero proceso de descentralización”.
En tanto, el independiente-DC, Felipe Camaño, manifestó que “entre otras cosas, la extensa Cuenta Pública del Presidente quedó al debe con las regiones, sobre todo en lo que respecta a la descentralización. Es urgente otorgar autonomía y empoderar a los gobiernos regionales. La premura de las necesidades hace inviable que un gobierno regional siempre deba depender del poder central, mediante la figura de un delegado presidencial. Es necesario poner en marcha la tramitación del proyecto que elimina esta figura. Hoy existen los gobernadores, y pese a ser elegidos democráticamente, están amarrados de manos. Creo que el gobierno, si tiene alguna intención de avanzar en esta materia, debe cumplir su compromiso, sin intentar hacernos creer que los jefes regionales serán la solución”
