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Dentro del primer semestre se espera que el Gobierno envíe el proyecto de ley que regulará por primera vez la comercialización de biocombustibles sólidos, como la leña y los pellets, haciendo factible su fiscalización por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), según adelantó ayer el subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázabal.
La autoridad visitó ayer Chillán para participar en el penúltimo de 12 talleres ciudadanos participativos convocados por la cartera en las regiones “leñeras” (de O’Higgins a Aysén) para presentar el borrador del proyecto de ley a actores del rubro para conocer sus observaciones, información que será utilizada como insumo en la última etapa de elaboración de la iniciativa legal.
En la actividad, realizada en Inacap, participaron comercializadores, transportistas, académicos, representantes de municipios y de organizaciones sociales, de indígenas y de consumidores, además, asistieron el diputado Carlos Jarpa, los alcaldes Sergio Zarzar y Johnson Guíñez; los gobernadores de Diguillín y Punilla, Paola Becker y Cristóbal Martínez; y los seremis de Energía, Cristián Trucco; de Agricultura, Fernando Bórquez; y de Medio Ambiente, Patricio Caamaño.
“Entre las regiones de O’Higgins y Aysén más del 74% de los hogares ocupan la leña como combustible para la calefacción, muchas veces con un alto contenido de humedad y en calefactores que son poco eficientes”, explicó Irarrázabal, quien hizo hincapié en la urgencia de abordar el problema de la contaminación con una perspectiva de mediano y largo plazo, “de forma efectiva y técnica, y de la mano de un buen análisis de política pública”, puesto que uno de los elementos críticos es que hoy el precio de la leña húmeda no refleja sus externalidades negativas, como los costos en salud, o su mayor humedad, es decir, menor poder calorífico en comparación con la leña seca.
En esa línea, hizo una crítica a los gobiernos anteriores por no abordar el problema de la leña, de hecho, recordó que durante la administración Bachelet se trabajó en un proyecto que nunca vio la luz, pese a que estaba en la agenda energética de la cartera.
“Nunca había existido la voluntad política y el coraje para afrontar este tema, porque esto tiene costos sociales”, subrayó.
El subsecretario aclaró que la implementación de la futura ley no necesariamente se traducirá en un alza en los precios, “pues con esta ley, lo que queremos es ampliar el mercado de la leña seca, sumando a más productores y comercializadores, porque hoy la oferta de leña seca no es suficiente para abastecer al mercado regional; entonces, si hay más oferta y hay más competencia, los precios debieran tender a bajar”, comentó.
Al respecto, el subsecretario reconoció que el modelo de certificación voluntaria de los comercializadores de leña fracasó, pues lejos de aumentar el número de inscritos en el registro, éste disminuyó en comparación con 2018, lo que atribuyó a la falta de incentivos en el mercado (brecha de precios con la leña húmeda).
El proyecto, explicó, plantea una gradualidad en la implementación de la ley, de manera de fomentar, acompañar y apoyar la formalización de los comercializadores, para lo cual existen líneas de financiamiento en el Ministerio (Programa Más Leña Seca); así como también se establecerán sanciones (multas) para quienes no cumplan con la normativa.
Fiscalización
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto de ley es la fiscalización, que Irrarázabal calificó como “estratégica, ya que apunta a evitar que llegue leña húmeda a los centros urbanos”, con foco en la comercialización en el origen, es decir, en el bosque, “lo que tiene que ver con la certificación, con los centros de secado”, de manera de hacer más eficiente el uso de los recursos, aunque precisó que la normativa también incorpora una mayor dotación de fiscalizadores para la SEC.
Al respecto, mencionó el rol fiscalizador que también tendrán que cumplir los inspectores municipales y eventualmente Carabineros, en el transporte en carretera.
Observaciones
Los participantes del taller trabajaron en torno a ejes temáticos, y entre las principales observaciones y recomendaciones destacaron la preocupación por la necesidad de implementar una política de educación ambiental, tanto a nivel escolar, como entre los productores o comercializadores, advirtiendo que se trata de un cambio cultural.
Otro tema mencionado fue la fiscalización del transporte, que es más complejo y requiere del apoyo de Conaf y Carabineros. Los asistentes hicieron hincapié en la importancia de dotar a la SEC de atribuciones y recursos para fiscalizar adecuadamente.
Además, se pidió a la autoridad agilizar los procesos de certificación de comercializadores y apoyarlos con subsidios, de manera de evitar que la ley termine generando monopolios.
También se planteó fomentar la asociatividad de los pro-ductores y comercializadores, para que puedan asumir las inversiones necesarias para ofrecer leña seca, como acopios y plantas de secado.
