Los senadores de la UDI, José Miguel Durana, Juan Antonio Coloma, Sergio Gahona, Javier Macaya y David Sandoval presentaron un proyecto de ley que modifica la ley 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, con el fin de aumentar las sanciones aplicables al cohecho y otras conductas delictivas que involucren la participación de organizaciones criminales.
Esta iniciativa legislativa, que será revisada por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, busca combatir lo que los proponentes denominan “compra de votos y cualquier forma de cohecho cuando se realiza con la participación de miembros de organizaciones criminales”.
En términos concretos, el proyecto propone imponer una pena de 3 años y 1 día a 5 años de prisión (presidio menor en su grado máximo) y una multa que podría alcanzar los 6,5 millones de pesos (50 a 100 UTM) para quien, en cualquier elección popular, primaria o definitiva, solicite votos a cambio de pago, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa, o incurra en cualquier forma de cohecho con miembros de una organización delictiva o criminal. Es importante recordar que la ley vigente establece que el cohecho, sin considerar la participación de organizaciones criminales, conlleva una pena de presidio menor en su grado medio, una multa de 10 a 50 unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñar cargos y funciones públicas. Este último punto se mantiene en la nueva moción.
Los autores del proyecto fundamentan su propuesta señalando que “es deber del Estado proporcionar protección y seguridad a la población, llevando a cabo todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad efectiva de las personas y sus bienes. En este contexto, en los últimos años, ante un aumento de la criminalidad más violenta y organizada, se han aprobado normas para proporcionar herramientas jurídicas más modernas y adecuadas para combatir las nuevas formas de delitos y tipificar nuevos hechos punibles”, se establece en la propuesta.
“Limpiar” la política
La propuesta sin duda llega en un momento complejo para la Región de Ñuble, donde tres de sus alcaldes (San Ignacio, Ñiquén y Bulnes) han sido formalizados y se encuentran con distintas medidas cautelares tras ser acusados de cohecho en el marco de la investigación del caso Cuentas Corrientes.
Para la presidenta regional de la UDI, Isabel Troncoso, “sería bastante bueno que ojalá pudiera condenarse no sólo a la gente que cohecha y que participa de las organizaciones criminales, sino que también a toda la gente que cohecha. Justamente ayer alguien me comentaba que había un candidato o candidata independiente que andaba pagando por la firma para el patrocinio, entonces si vamos a tener ese tipo de autoridades que de entrada ya están haciendo malabares y cosas truculentas, eso tiene que sancionarse”.
Agregó que “este tipo de conductas es lo que justamente la gente hoy critica. Si las autoridades que todavía ni siquiera son autoridades ya empiezan corrompiendo el sistema, es porque al final van a llegar a una municipalidad a llenarse los bolsillos de dinero, y de los recursos que son de la gente más vulnerable. Creo que la inhabilidad de esa gente corrupta debería ser mucho más de cinco años, ojalá de por vida, porque así es la única forma de ir limpiando este país de toda esta gente que mete las manos a los recursos públicos, y que son recursos de la gente más vulnerable de este país”.
En tanto, desde el PPD, su presidenta regional, Yesenia Figueroa, afirmó que “todas las acciones legislativas que apunten a la transparencia en la gestión pública y en especial en materia municipal son bienvenidas. Debemos reconocer que los delitos con el tiempo van desplegando nuevas aristas, y la legislación que los castiga debe acomodarse a estas nuevas alternativas, con el fin de poner atajo a todo aquel que quiera abusar o aprovecharse de resquicios que pudieran permitir cohechos o delitos reñidos con la probidad”.
Desde el Frente Amplio, la presidenta regional de Convergencia Social, Francisca Leyton, manifestó: “estamos completamente de acuerdo con el espíritu del proyecto y consideramos que legislar en materia de anticorrupción es indispensable, sobre todo el impulsar acuerdos transversales entre todos los sectores políticos para el cuidado y fortalecimiento de la democracia. Esta constituye una excelente noticia para el país y la ciudadanía en todos los territorios, en particular en regiones como la nuestra, donde hay presencia de casos de alcaldes procesados por esta materia”.
Añadió que “de todas formas, desde el progresismo y nuestro partido, lamentamos la posición de la derecha al no querer levantar el secreto bancario, lo cual nos permitiría perseguir con toda la fuerza de la ley las redes de corrupción de manera efectiva y preventiva”
