En la última década se han talado ilegalmente más de mil hectáreas de bosque nativo en la Región de Ñuble. Un problema ampliamente conocido, pero sin solución hasta ahora, donde la falta de información y las dificultades para la fiscalización son elementos clave.
Las zonas más afectadas han sido principalmente en las comunas de Yungay y El Carmen, por cuya precordillera se extiende el corredor biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja, declarado reserva de la biósfera por la Unesco, una denominación que tiene muy poca utilidad práctica a la hora de proteger los árboles de los intereses detrás del mercado de la leña.
Especies como coigüe, lenga, ñirre, roble y raulí, que crecen en las zonas más altas, son víctimas del llamado “floreo” o los cortes hormiga, que por tratarse de superficies pequeñas, son muy difíciles de detectar para los inspectores que monitorean por medio de imágenes satelitales o con patrullajes en terreno.
Desde la Conaf aseguran que las principales causas son la necesidad de calefacción, pero también se observa un interés por comerciar leña de forma ilegal, de hecho, muchas veces se trata de robo de madera. Lamentablemente, las sanciones que establece la legislación para la tala ilegal corresponden al doble del valor comercial de los árboles cortados con un mínimo de 5 UTM por hectárea, es decir, poco más de 240 mil pesos, un monto que está lejos de disuadir a los potenciales infractores, y que en la realidad, muy pocas veces se aplica.
Y si bien desde la Conaf sostienen que se observa una tendencia a la baja a partir de la información aportada por las fiscalizaciones que se han realizado, lo que atribuyen a una mayor educación y a un refuerzo de las inspecciones en terreno, es difícil no pensar que detrás de estas estadísticas existe un número que esconde una realidad mucho más preocupante.
En ese contexto, cuesta entender que, por un lado, existan esfuerzos de parte del Gobierno por regular la comercialización de leña, incluyendo la entrega de subsidios para los leñeros, y por otro, que las herramientas de fiscalización sean tan limitadas y tan poco efectivas.
Como es sabido, el bosque nativo tiene múltiples beneficios para el medio ambiente, como la protección del suelo de la erosión, la conservación de la biodiversidad, la captura de carbono y de material particulado y la producción de agua, entre otros.
Hoy, frente a un escenario ambiental complejo, con un proceso de cambio climático en marcha, las acciones que apunten a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a proteger las zonas de alto valor natural cobran especial relevancia, como la reforestación del bosque nativo y la recuperación de suelos degradados, por lo que es de esperar que el Ejecutivo acelere el tranco en materia legislativa, con proyectos tan relevantes como el Servicio Nacional Forestal y el Subsidio Forestal, pero también es fundamental avanzar en materia de educación, de manera de generar conciencia, principalmente en las nuevas generaciones, sobre los beneficios ambientales del bosque nativo.
