Ante una crisis económica los países pueden adoptar una política contracíclica al aumentar el gasto público, orientado principalmente en transferencias directas hacia los hogares. Esto implica una mayor carga financiera para el Estado. En general hay dos formas por las cuales los gobiernos pueden financiar su gasto fiscal. Una manera es vía impuestos, que es la contribución monetaria de cada ciudadano del país. Otra forma es que el Estado aumente su deuda a través de la emisión de bonos soberanos, asumiendo el compromiso de pagar a futuro dicha deuda más los intereses.
El contexto sanitario actual generó condiciones para que el Estado de Chile decidiera aumentar el gasto fiscal. Por ejemplo, recientemente fue anunciada la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) universal y la creación de un subsidio al empleo, cuyas estimaciones de Hacienda abarcan un aumento del gasto fiscal por US$7.000 millones. Desde un punto de vista técnico, no es posible entregar un juicio de valor respecto a las medidas implementadas, sino a informar las implicancias que éstas tienen en los recursos públicos actuales y de los próximos años. El Informe de Finanzas Públicas (IFP) estima que el gasto llegará al 30,5% del PIB, con un balance efectivo de -7,1% del PIB para 2021, lo cual implica un aumento del déficit fiscal más allá de lo pronosticado. Por otro lado, estimaciones de la OCDE indicaron que la deuda bruta del gobierno central podría alcanzar un peak de 44% del PIB en 2022. Dicha tasa podría ir elevándose a lo largo de los años si no se generan las condiciones para ir reduciendo el déficit fiscal en forma significativa.
Es necesario que la evolución del gasto del Estado adopte un patrón que sea coherente con la responsabilidad fiscal. Bajo esta perspectiva, mi intención es entregar algunos lineamientos al respecto.
Primero, debe generarse un crecimiento económico suficiente y sostenible en el tiempo. Una mayor actividad económica se ve reflejada en mayores utilidades empresariales, creación de puestos de trabajo, mayores ingresos para los hogares, y esto se traduce en mayores entradas monetarias para el fisco vía impuestos. Para ello, toma urgencia la adopción de medidas que estimulen la inversión y mejoren la productividad.
Segundo, los gastos permanentes deben ser financiados con ingresos permanentes. En caso de existir un consenso nacional por ampliar la dotación de bienes y servicios públicos, una reforma tributaria de carácter eficiente y equitativa contribuiría a garantizar dicho patrón de ingresos y gastos. Como medida de corto plazo, se puede considerar la revisión de las exenciones tributarias vigentes a la fecha.
Tercero, ser eficientes en el uso de los recursos públicos. Si bien el proceso de toma de decisiones en políticas públicas no solo obedece a aspectos meramente económicos, sino también sociales, ambientales, sanitarios, éticos, etc., tanto la ciudadanía como también los encargados de tomar dichas decisiones deben ser concientes de que a pesar que las necesidades, demandas y deseos son ilimitados, los recursos son limitados. En consecuencia, cada peso debe ser gastado de la forma más provechosa posible.
