Señor Director:
Está en discusión en comisión mixta del Congreso la normativa que moderniza la ley de alcoholes y establece mayores exigencias de control que debieran redundar en un menor acceso a niños y jóvenes menores de Edad. La prevalencia mensual del consumo de alcohol en edad escolar es de 43,3%, asimismo los niños que declaran embriagarse, a lo menos una vez en el último mes, alcanzan un 64% según el último informe de Senda.
Estas cifras son muy preocupantes y nos sitúan en los niveles más altos de consumo en las américas, adicionalmente se observa que 4 de cada 10 niños considera fácil el acceso de alcohol y la mitad se provee a través de un adulto, siendo un 18% un familiar. Por esta razón, los esfuerzos de la autoridad buscan disminuir la facilidad de acceso y aumentar la percepción de riesgo, ambos aspectos inciden en la disminución efectiva del consumo, lo que está ampliamente documentado en la literatura internacional.
La prevención social requiere tanto de una oferta programática basada en la evidencia, centrada en factores de riesgo cuya mitigación contribuya a evitar conductas negativas, como también de aspectos normativos que controlen el acceso a dichos factores y logre comunicar el daño en personas que están en distintas etapas de desarrollo. La infancia de nuestro País requiere que la comunidad en su conjunto actúe protectoramente e instale una agenda larga. Desde sus primeros años, padres y cuidadores involucrados en la crianza, empresas responsables, no sólo de cumplir la Ley, sino de promover una cultura de cuidado. Un Estado vigoroso en la fiscalización y cumplimiento de la norma y una sociedad civil organizada que vele por el bienestar integral los niños.
Marcelo Sánchez Fundación San Carlos de Maipo