De manera unánime, el Senado aprobó la semana pasada el proyecto que modifica y prorroga por siete años la vigencia de la Ley N°18.450 de Fomento a la inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje que durante cuatro décadas ha permitido el mejoramiento en la eficiencia del uso del agua, a través de la construcción de nuevas obras o mejoramiento de las ya existentes, tales como tranques y canales, o mediante la incorporación de tecnología en la distribución del agua y en el riego, lo que resulta fundamental para enfrentar la escasez hídrica actual.
Lo mismo ocurrió a fines de julio en la Cámara Baja con esta iniciativa que comenzó a tramitarse en 2020 y que también tiene por objetivos mejorar la eficiencia y seguridad hídrica, la protección de humedales y la restricción de la bonificación de proyectos de riego en laderas.
No se trata de la primera prórroga a esta normativa, sin embargo, esta vez su aprobación tardó más de lo esperado debido al debate que se instaló sobre el beneficio que han obtenido grandes empresas agrícolas, y precisamente atendiendo esa crítica es que uno de los aspectos más importantes del proyecto es el cambio en la forma de estratificar a los agricultores y agricultoras que pueden acceder a los beneficios de la Ley de Riego, que pasa de un criterio basado en la superficie del predio a uno basado en los ingresos por ventas anuales de cada agricultor o empresa agrícola, considerando además, sus empresas relacionadas. En este sentido, el proyecto establece distintos porcentajes de bonificación máxima, según el estrato al que pertenece cada postulante, usando los tramos de ingresos por ventas anuales del Servicio de Impuestos Internos. De esta forma, solo podrán postular aquellos agricultores que posean ingresos anuales por ventas menores o iguales a 50.000 UF.
Otra medida que, en teoría, empareja la cancha, es el aumento a la bonificación máxima a la que pueden acceder los pequeños productores agrícolas y campesinos desde un 90% a un 95% del costo total del proyecto, al igual que la modificación de los Programas Especiales de Pequeña Agricultura, donde se incrementan los montos de bonificación de 400 UF a 1.000 UF para proyectos individuales. Igualmente, se incorpora una nueva línea especial para proyectos asociativos de pequeños agricultores cuyo monto no supere las 5.000 UF.
En tiempos de escasez que parecen no llegar a su fin, una de las medidas más efectivas de adaptación al cambio climático es el uso eficiente del agua, un eje fundamental de la política de riego en Chile, y que se expresa en los proyectos seleccionados por la Comisión Nacional de Riego año tras año en el país.
Precisamente, en esta línea, los cambios a la ley fijan sus objetivos en la seguridad para la soberanía alimentaria, y también en la seguridad hídrica, los cuales serán esenciales en el nuevo escenario de calentamiento global al que nos enfrentamos.
Por todo lo anterior, es una buena noticia esta prórroga por 7 años de una herramienta que ha sido exitosa en mejorar la eficiencia del riego, que ha permitido a miles apostar por cultivos más rentables y aumentar sus ingresos, que ha mitigado el impacto de la menor disponibilidad de agua y que ha sido, en general, eficiente desde el punto de vista del gasto público.
