Propuesta del gobernador para reformar el reglamento del CORE abre debate sobre transparencia y protagonismo político

Una propuesta para modernizar el reglamento interno del Consejo Regional (CORE) de Ñuble, impulsada por el gobernador Óscar Crisóstomo, abrió un debate interno que va más allá de las normas: se cruza con el contexto de las exigencias ciudadanas de mayor transparencia, la herencia del caso Convenios y la discusión sobre el rol y visibilidad del Ejecutivo en relación al cuerpo colegiado.

Presentada en una reciente sesión ordinaria del Consejo, la iniciativa incluye una serie de modificaciones al reglamento vigente que buscan -según expresó Crisóstomo-“profundizar en medidas de transparencia y reforzar los mecanismos de fiscalización, participación ciudadana y proyección internacional del gobierno regional”.

Entre los puntos más destacados, se contempla la creación de dos nuevas comisiones: una de Ética, Probidad, Transparencia y Fiscalización, y otra de Cooperación y Relaciones Internacionales.

Además, el plan contempla medidas concretas: abrir las comisiones a la participación de la sociedad civil, publicar todas las votaciones en comisiones y sesiones plenarias, transparentar viajes y mandatos de los consejeros y definir indicadores de cumplimiento.

“Queremos que la ciudadanía sepa finalmente cuáles son las posturas que tienen cada uno de nuestros consejeros y consejeras. Creo que es importante que la ciudadanía pueda estar presente”, afirmó el gobernador durante la presentación de la propuesta.

Contexto: el peso del caso Convenios

Las reformas no surgen en el vacío. Desde que estalló el caso Convenios en 2023 -con ramificaciones que alcanzaron a todos los niveles del Estado-, los gobiernos regionales han debido revisar sus mecanismos de control.

En el caso de Ñuble, la arista Procultura expuso debilidades administrativas en convenios firmados durante el período anterior y tensionó las relaciones entre el Ejecutivo y el Consejo.

Desde entonces, han aumentado las presiones -políticas y ciudadanas- para elevar los estándares de probidad y fiscalización. La iniciativa de reforma reglamentaria se inscribe en esa ruta. Pero no todos coinciden en su alcance, ni en quién debe adjudicarse su impulso.

Apoyos dentro del Consejo

Varios consejeros regionales manifestaron respaldo a la propuesta y destacaron que responde a inquietudes largamente discutidas en el seno del CORE.

El consejero Mario Urra enfatizó que la propuesta no es un acto unilateral del Ejecutivo, sino que recoge planteamientos del propio Consejo Regional (CORE).

“Teníamos la inquietud de modificar el reglamento interno y enviamos una propuesta hacia el Ejecutivo, quien la acogió muy bien e incorporó más ideas. Por sobre todo, destaco que se publiquen las votaciones del Consejo y que la ciudadanía pueda asistir a las comisiones”, explicó Urra.

Por su parte, el consejero Iter Stuardo valoró la creación de las comisiones de Ética y de Relaciones Internacionales, aunque se manifestó contrario a una comisión específica de fiscalización, señalando que “por ley ya nos corresponde fiscalizar, por lo que sería redundante crear una comisión con ese solo fin”.

El consejero Wilson Ponce también se sumó a las voces favorables. “Muchos creen que venimos solamente los miércoles a la sesión. Desconocen todo el trabajo de comisión que hacemos. Es una muy buena idea que se transmitan esas instancias y que la ciudadanía conozca lo que realmente discutimos”, planteó.

En síntesis, el oficialismo dentro del Consejo valoró tanto la apertura de comisiones como la exposición pública del trabajo que habitualmente se realiza a puertas cerradas.

Las críticas: oportunismo, protagonismo y omisión del trabajo previo

No obstante, desde el sector de oposición, y antiguos integrantes del Consejo, surgieron voces que ven con aprensión algunos aspectos de la propuesta, particularmente en cuanto al protagonismo político que asume el gobernador Crisóstomo.

Lorena Jardua, consejera regional UDI por Punilla, si bien valoró las medidas por mayor transparencia y control ciudadano, cuestionó lo que calificó como “oportunismo político” por parte del Ejecutivo.

“Me parece que el gobernador cae nuevamente en adjudicarse como propias largas discusiones que hemos tenido en el seno del Consejo Regional. Debo reconocer el liderazgo que asumió en su minuto el consejero Cristian Quilodrán, quien fue literalmente marginado de una instancia colegiada de fiscalización. Ahora se anuncia un reglamento que ni siquiera ha sido revisado en detalle por el Consejo”, expresó.

Jardua también fue crítica respecto de la propuesta de crear una Comisión de Relaciones Internacionales, a su juicio innecesaria y funcional a justificar viajes del Ejecutivo.

“Lo que se persigue, en el fondo, es blindarse ante posibles críticas por los excesivos viajes al extranjero”, dijo, sugiriendo que Crisóstomo prioriza su proyección personal por sobre acuerdos regionales amplios.

Más duro aún fue el exconsejero regional Cristian Quilodrán, actual presidente regional de Amarillos por Chile.

Quilodrán celebró el objetivo de fortalecer la probidad, pero recordó que durante el período anterior él presidió la Comisión de Fiscalización, la cual fue eliminada pese a sus esfuerzos por preservarla.

“Es una validación ver que esta necesidad hoy se reconoce. Pero atribuir el impulso exclusivamente al gobernador no solo es impreciso, sino que omite el rol protagónico y la labor proactiva del cuerpo colegiado”, sostuvo.

Para Quilodrán, la propuesta debe enfocarse en fortalecer las instituciones por sobre las personas.

“El Gobierno Regional no se apellida Crisóstomo, se apellida Ñuble. El mérito de estas iniciativas debe residir en los órganos que las generan y su objetivo debe ser siempre el bienestar de la región, no la promoción de una autoridad en particular”, aseveró.

El punto de quiebre: la comisión de Fiscalización

Uno de los nudos del debate es la eliminación de la propuesta de crear una comisión específica de fiscalización.

Originalmente sugerida por los propios consejeros, esta idea fue desestimada por el Ejecutivo, que propuso en cambio una Comisión de Ética, Probidad, Transparencia y Fiscalización, con un enfoque más amplio.

Desde el Gobierno Regional se argumenta que la existencia de unidades de control internas, además de la Contraloría General, ya suple esa función, y que el nuevo órgano propuesto permitiría abordar la transparencia de forma más integral, incluyendo la transmisión de comisiones y la participación ciudadana.

Sin embargo, para consejeros como Jardua y figuras como Quilodrán, esta omisión resta fuerza a la capacidad fiscalizadora del Consejo y podría reflejar un intento del Ejecutivo por acotar el control colegiado.

Proceso abierto: reglamento aún en construcción

En los hechos, aún no existe una propuesta cerrada. Lo que se hizo fue crear una subcomisión al interior de la Comisión de Gobierno del CORE, encargada de elaborar un borrador que deberá ser discutido y eventualmente aprobado por el pleno.

La discusión, por tanto, recién comienza. Lo que sí quedó instalado es un debate sobre la distribución del poder político, la apropiación del discurso de la transparencia, y los equilibrios que debe mantener una institución que no solo debe fiscalizar, sino también colaborar con el Ejecutivo en la conducción regional.

En el telón de fondo, la ciudadanía sigue atenta a cómo las instituciones responden a los remezones del caso Convenios. La expectativa es clara: más transparencia y más control.