La bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG) presentó hace unos días un proyecto de reforma Constitucional para aumentar de uno a cuatro años la inhabilidad de los exconvencionales para postular a cargos de representación popular.
La medida tiene como objetivo impedir que los exconstituyentes puedan ser parte de un nuevo proceso, ya que al momento de ser aprobada la ley que permitió la creación de una Convención Constitucional hace más de dos años; se acordó que quienes fueran parte del órgano no podrían optar a cargos de representación popular durante un año desde que se disolviera la asamblea, es decir, hasta el 23 de julio de 2023.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]La iniciativa sin embargo, no ha sido bien acogida desde los demás sectores políticos. El diputado por Ñuble de RN, Frank Sauerbaum, sostuvo que si se realiza una nueva elección de convencionales, y se presentan los mismos candidatos, “las personas juzgarán”.
“Las restricciones a los convencionales electos están establecidas claramente en la modificación Constitucional que aprobamos para que el proceso se llevara adelante, que era un año después de terminada la Convención. Me parece impropio e inadecuado que aumente, disminuya o se modifique dicho plazo, pues pareciera que hay una cierta conveniencia de ciertos parlamentarios para que no puedan competir con ellos mismos en la próxima elección. La democracia se resuelve con más democracia, y los chilenos son sabios para saber quiénes los dirigen”, afirmó.
Desde la UDI, la también diputada, Marta Bravo, tampoco está de acuerdo con la iniciativa.
“Creo que se deben respetar los compromisos democráticos alcanzados, que incluyen los plazos establecidos, a menos que exista otro acuerdo específico para el tema de los convencionales. Lo importante es mirar hacia el futuro para avanzar en unidad”, aseveró.
Proyecto “mediático”
Entre los exconvencionales, los más afectados en caso que prosperara el proyecto, pues el plazo incluiría las elecciones municipales y regionales de 2024 y parlamentarias de 2025; tampoco hubo respaldo.
El ex representante ñublensino de Pueblo Constituyente, César Uribe, sostuvo que la iniciativa era “mediática”, y que la ciudadanía era lo suficientemente responsable como para saber a quiénes elegir.
“Siento que el congreso trata hoy de limar su distancia con la gente teniendo a la Convención como chivo expiatorio, y creo que se equivoca, hay un desprestigio generalizado de la institucionalidad, incluida la Convención en su momento -que fue uno de los errores del proceso, vernos muy institucionalizados-; y la verdad, siento que es a eso a lo que responde este proyecto que se quiere tramitar”, planteó.
El exconvencional, Felipe Harboe, en tanto, recordó que no es bueno cambiar las reglas de un proceso sobre la marcha.
“Creo que hay que tratar de respetar las reglas del juego. Más allá que haya intenciones o no de algunos de ser candidatos(as), se estableció previamente una inhabilidad de un año y eso debe respetarse. Así como tampoco fui partidario de recortar el período de los senadores(as) o diputados(as), creo que cuando hay ciertas reglas del juego es bueno que se respeten para evitar especulaciones, que se quiere dejar fuera o incorporar a tal o cuál”, aseveró.
Martín Arrau, exconstituyente de Vamos por Chile, agregó que “en lo político, si se trata de buscar responsabilidades por el fracaso rotundo de este proceso Constitucional, además de los convencionales, deben asumir también el error los firmantes del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, y los parlamentarios que hicieron y cambiaron las reglas del juego y crearon este proceso”, dijo.
Según el exintendente de Ñuble, en lo legal, “hay un principio de no retroactividad de las normas, por lo que es improcedente, y en lo personal, no me quita el sueño, no está en mis planes, por ahora, ir de candidato a alguna elección popular de cargo político”, manifestó.
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