Este martes, el presidente Gabriel Boric promulgó desde la comuna de Lo Prado la ley que norma la utilización de registros audiovisuales de las policías en procedimientos penales como medios de prueba.
La nueva legislación establece que las imágenes y sonidos registrados en medio del actuar de las distintas policías tendrán que ser entregados al Ministerio Público en caso de que alguna investigación lo requiera.
El Gobierno explicó que esta ley tiene por objetivo proteger a las personas en contexto del actuar policial, evitando abusos policiales, y protege también a las policías, evitando denuncias irresponsables e infundadas. Establece por ley la validez de los registros que hacen las cámaras que ocupan los policías como medio de prueba, dando mayores garantías de transparencia y probidad.
De acuerdo a la secretaria de Estado, esta medida no solo ayuda a evitar abusos policiales, también protege a las policías y evita denuncias irresponsables o infundadas.
“La gracia de tener un sistema de este tipo es que genera una garantía para toda la sociedad, para funcionarios policiales y para ciudadanos que son objeto de las operaciones policiales“, señaló la ministra del Interior, Carolina Tohá.
La legislación establece también sanciones para los funcionarios policiales que -sin orden previa- modifiquen, oculten, eliminen o alteren de cualquier forma los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual.
Aparte de las penas correspondientes por dichos delitos, serán sancionados con la suspensión del empleo en su grado máximo, junto a una multa de 15 a 20 UTM.
El texto también modifica la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, para señalar que los funcionarios y quien acceda a los registros estarán obligados a guardar secreto. Mientras que, la información obtenida tendrá que ser reservada.
El presidente Gabriel Boric valoró la ley y expresó desde la ceremonia de promulgación su gratitud a las fuerzas políticas por la aprobación en unanimidad en la Cámara de Diputadas y Diputados previo a su despacho.
“Acá menos palabras, más acción. Este proyecto fue tramitado solo en cinco meses, lo que demuestra que es posible unirnos y trabajar poniendo los intereses de Chile por delante”.