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La participación ciudadana en la gestión municipal está garantizada tanto por ley, como por el discurso de quienes actúan en el ámbito comunal. La Ley (20.500) de Asociación y Participación Ciudadana establece el derecho de las personas a participar en la gestión pública, y por tanto, a nivel local las autoridades y funcionarios municipales deben crear, validar y garantizar estos espacios y mecanismos.
Por estos días, no hay candidato a alcalde o concejal que no declare ser un fervoroso defensor de la participación ciudadana, aunque la realidad muestra que en no más de 20 de las 345 comunas que existen en el país, los ciudadanos han tenido la posibilidad de incidir en alguna decisión medianamente importante para su territorio, por medio de plebiscitos o presupuestos participativos.
Es cierto que hoy existen mecanismos y espacios de participación a nivel municipal, pero todos ellos tienen la característica común que son de carácter informativos y consultivos. Salvo los presupuestos participativos -herramienta que en Ñuble no es utilizada por ninguno de los 21 gobiernos comunales- los demás no se vinculan a decisiones locales, aunque estas decisiones sean marginales y se reduzcan a sedes, veredas, iluminación o botones de pánico y cámaras de seguridad .
En efecto, desde los 90 y hasta ahora, el protagonismo en materia de participación ciudadana lo han tenido mecanismos informativos y consultivos (programas radiales, boletines informativos, canales de TV municipales, páginas web, consejos de la sociedad civil) que representan el primer eslabón básico de la participación. Asimismo, otros espacios tradicionales son disfrazados de espacios de participación como los consejos consultivos y los fondos vecinales y del deporte, entre otros.
El problema es que esta tendencia conlleva un enorme riesgo y es que esos espacios se transformen en un instrumento para legitimar agendas de actores políticos que ven en ellos una oportunidad para imponer su lógica verticalista en el espacio público. Como consecuencia, se transforman en mecanismos participativos cooptados por actores no representativos, especialmente cuando la sociedad civil no logra empoderarse de los procesos, y la voluntad política del representante adquiere un excesivo protagonismo frente al representado.
El gran desafío de que hoy tienen las democracias locales es precisamente buscar las formas más eficaces de complemento entre la responsabilidad de la decisión que tiene el representante con las nuevas formas de participación en la decisión que demandan los ciudadanos, lo cual implica compartir espacios de decisión en temáticas municipales.
Este enfoque de participación -al que adhieren los países que admiramos no pretende reemplazar al representante, sino más bien complementar su acción y mejorar la calidad de las decisiones que se tomen sobre los asuntos públicos locales. El camino es el complemento, pero para ello y dada nuestra legislación vigente, se requiere de autoridades dispuestas a distribuir el poder y de ciudadanos dispuestos a ocupar esos espacios, exigirlos y hacerlos prevalecer por sobre el verso de la participación que tan bien recitan nuestros políticos cuando buscan el voto.
