Ya se habla de un “terremoto rojo” que destruye sueños, arrasa cultivos y convierte en cenizas el trabajo de pequeños agricultores que han hecho de la tierra su fuente de ingresos y estilo de vida. Por lo mismo, más allá de la solidaridad que estamos viendo hacia estas familias que lo perdieron todo, debe primar la ayuda con un sentido de justicia social de parte del Gobierno y sus diferentes agencias.
El fuego que ha destruido cerca de 100 viviendas y afectado alrededor de 20 mil hectáreas forestales y agrícolas de ocho comunas de Ñuble, oscureció abruptamente el panorama de cientos de familias que perdieron completamente su patrimonio, pues no solo se trata de los inmuebles en que vivían, sino también de sus actividades económicas, principalmente cultivos agrícolas y pequeñas explotaciones madereras.
Tras el decreto de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, el Gobierno dispuso una serie de ayudas para las familias damnificadas que el propio Presidente de la República, Gabriel Boric, confirmó ayer por la tarde en su visita a Chillán.
El jefe de Estado aseguró que aquí se aplicará el mismo estándar que a los damnificados por los incendios de enero en la Región de Valparaíso. Siguiendo esa referencia, se trataría de un bono directo de $1.500.000, subsidios de vivienda y tramitación acelerada para la reconstrucción, la postergación de las cuotas de los créditos de consumo o créditos hipotecarios, beneficios en materia de salud y educación y asistencia de diferentes servicios públicos para optar a beneficios estatales.
En honor a la verdad, se trata de un paquete de ayudas oportuno y bastante robusto en comparación con la respuesta de administraciones anteriores ante catástrofes similares (Piñera 2012 y Bachelet 2017), pero que será incompleto e insuficiente si no considera el daño en la pequeña agricultura regional.
Se trata de miles hectáreas de cultivos que no se recuperan en un mes, ni siquiera en un año, sino que en algunos casos, requerirán de cinco años para volver a producir lo mismo, y si es que logran hacerlo, pues los efectos ecológicos en los suelos, afectados en su capacidad de absorción de aguas lluvia y con pérdidas de nutrientes, impedirán una rápida regeneración de la capa vegetal. Como consecuencia, ese suelo queda mucho más expuesto a la erosión.
ƒMás que un negocio, más que el rendimiento por hectáreas, es un trabajo de toda la vida lo que consumió el fuego durante estos tres días y, lamentablemente, se trata de pequeños campesinos que no cuentan con un colchón financiero que les permita afrontar de buena forma siniestros como éste.
El desolador panorama que se observa en las tierras del secano, luego del paso del fuego, ahorra palabras: lo perdieron todo. Vides centenarias, sistemas de riego, bodegas, motores, extractores de agua, son parte de los daños que serán precisados por un catastro que debe esperar la extinción de los siniestros, y a los que deberían sumarse otros efectos “silenciosos” de la irradiación de calor sobre los cultivos y bajo la superficie de la corteza de las plantas.
Igualmente -y bien lo advirtió el Presidente que como exdiputado ejerció el rol fiscalizador- no debe ocurrir lo mismo que sucedió con el terremoto de 2010, el mega incendio de Quillón en 2012 o la pandemia del Covid-19 en 2020, específicamente en lo relativo a la lentitud en la entrega de soluciones, así como en la falta de prolijidad de los entes públicos que deben administrar la ayuda, para evitar que aparezcan beneficiarios de papel dispuestos a profitar del Estado.
