La gestión política en sus diferentes ámbitos nos ofrece siempre la oportunidad de escuchar promesas varias que rara vez se cumplen. Esta manera de actuar, que busca proyectar la imagen del dominio de la iniciativa política, tiene diversas manifestaciones, pero un denominador común: la palabra empeñada tiene solo un valor relativo.
Lo anterior viene a cuenta de la primera elección directa de los gobernadores regionales, programada para octubre del próximo año, y donde se determinó como exigencia para los candidatos que aspiren a dicho cargo, presentar un programa de gobierno que contemple las principales acciones a seguir durante su período.
Esta medida, que se ha presentado como el remedio para una oferta electoral limitada únicamente a eslogans y fotos de los candidatos, por la vía de generar propuestas y compromisos programáticos, está bien inspirada, pero es a todas luces insuficiente.
La ley que estableció la elección directa de los gobernadores regionales no estableció contenidos mínimos para las propuestas, ni mecanismos de seguimiento y fiscalización, de modo que lo que podría haber sido una positiva evolución hacia el voto programático, será apenas una anécdota.
El voto programático es un mecanismo de democracia participativa, mediante el cual los ciudadanos que votan imponen como mandato al que eligen el cumplimiento del programa de gobierno que haya presentado en la respectiva campaña electoral. En países como Colombia y Perú ya se aplica y va acompañado de otro mecanismo de control ciudadano y de rendición de cuentas, como es el referendo revocatorio. Es decir, por una parte, se establece una vinculación obligatoria entre la oferta programática y su ejecución; y por otra, se fija el mecanismo de control ciudadano para revocar el mandato en caso que no se cumpla con lo ofertado.
A un año de la primera elección de gobernadores regionales, siempre será interesante observar la aparición de candidatos, pero mucho más de lo que tienen que ofrecer. Lo ideal sería que fueran programas de gobierno, entendido como aquel conjunto de medidas que se enmarquen en una propuesta de desarrollo local, real y factible de implementar.
La pregunta que surge aquí es: ¿están dispuestos los candidatos a ofrecer un programa de gobierno para Ñuble?, o más aún ¿están dispuestos los ciudadanos a exigir programas de gobierno regional?
La respuesta políticamente correcta sería que sí. No obstante, en la mayoría de nuestras comunas la realidad política se ha construido históricamente en base a relaciones clientelares, a veces mesiánicas, y siempre no programáticas, de la cual todos los candidatos y candidatas han usufructuado.
Para terminar con esta desviación, se requiere más que una reforma legal, sino cambios generacionales y culturales respecto de qué se entiende por servicio público, la importancia del control social y el empoderamiento ciudadano, y la imprescindible ética que debe existir a la hora de ejercer la actividad política.
