No siempre se ha comprendido con claridad el papel preciso de la educación técnica y muchas decisiones políticas han sido la consecuencia de esa falta de conceptos adecuados.
La aparentemente encomiable iniciativa de implementar una nueva agenda que busca relevar este nivel de enseñanza con acento en los conceptos de justicia social, cuidado del medioambiente, pertinencia territorial, igualdad de género y trabajo decente ha sido calificada por el Gobierno como un hito histórico, porque el Estado vuelve a responsabilizarse por la educación técnico-profesional.
En el largo plazo probablemente se pueda celebrar, en la medida que el complejo modelo de interacción -entre los ministerios de Educación, Economía, Fomento y Turismo, Trabajo y Previsión Social, Mujer y Equidad de Género y Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto con Corfo, Sence y ChileValora- que se intenta construir, funcione. En al menos una década más lo sabremos.
Pero en el intertanto, cientos de liceos técnico-profesionales permanecen prácticamente abandonados. Basta ver lo que ha ocurrido en Ñuble, donde la mayoría de los establecimientos sobrevive a duras penas, pese a que antaño esta modalidad de enseñanza encontraba sus alumnos en sectores socioeconómicos que valoraban la inserción de sus hijos en el mundo del trabajo, sin necesidad de afrontar estudios superiores, largos y costosos.
Hay consenso que sus falencias están principalmente en la falta de equipamiento para la formación especializada y una importante falta de vinculación con el medio, donde, según los estudiosos, no existe un plan de continuidad que les permita a los estudiantes seguir perfeccionándose en la educación técnica superior en el área que eligieron en la enseñanza media. Por otra parte, están los docentes que hacen clases en la enseñanza media técnico-profesional: solo el 65% cuenta con el título de profesor.
Otro dato contundente es la dependencia de los colegios que imparten esta modalidad. El 45,5% son municipales y el 47% particulares subvencionados. Es decir, cerca del 93% de ellos recibe financiamiento del Estado, por lo que abordar su problemática debería ser una prioridad.
No se equivocan quienes han venido planteando que la enseñanza técnica es “el pariente pobre de la educación chilena”. Por lo mismo, se requiere voluntad para avanzar hacia un nuevo modelo que ponga a la educación y al trabajo en primer plano y recupere una tradición que hace mucho ha sido dejada de lado, casi despreciándola.
Como hemos dicho en más de una oportunidad desde estas páginas, mucho importa al país que la educación técnica recobre dimensión y prestigio y para ello debe reestructurarse, modificar su currículo, articularse con niveles superiores de enseñanza y mejorar en recursos humanos y materiales. Solo así podremos aspirar a una formación de calidad y a una mejor empleabilidad e integración al mundo laboral de sus egresados. Se trata, en definitiva, de un paso fundamental para la recuperación de una modalidad de formación que es imprescindible para enderezar el distorsionado mercado laboral chileno, donde hay dos profesionales universitarios por cada técnico de nivel superior.