La tragedia que atraviesan las regiones de Ñuble y Biobío por la ola de incendios forestales no admite distracciones: el fuego ha cobrado decenas de vidas, miles de hectáreas quemadas, evacuaciones masivas y destrucción de viviendas en una emergencia que ha sido calificada por las autoridades como evento extremo y que ha obligado a declarar estado de catástrofe en ambas regiones.
Las cifras preliminares hablan por sí solas: al menos 19 personas fallecidas, una de ellas en Ñuble, más de 1.500 damnificados y cientos de viviendas destruidas, mientras brigadas de Bomberos, Conaf, Senapred y fuerzas estatales combaten decenas de focos activos en medio de condiciones climáticas extremas, con altas temperaturas, vientos intensos y vegetación seca, que dificultan el control de las llamas.
Frente a este escenario, la respuesta institucional ha tenido dos vertientes que merecen atención: por un lado, la movilización de recursos, el despliegue de las Fuerzas Armadas y la declaratoria de catástrofe; por otro, las críticas y cuestionamientos de autoridades locales y parlamentarias respecto de la rapidez y eficacia en la acción gubernamental.
Es natural y legítimo que en momentos de crisis se demanden respuestas claras, oportunas y eficaces a quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía. Las familias afectadas, las comunidades evacuadas, los bomberos y brigadistas esperan decisiones que pongan freno al avance del fuego, brinden estrategias adecuadas y aceleren el apoyo directo a los damnificados. Ese clamor social debe escucharse y traducirse en acciones concretas, sin dilaciones.
Pero también es imprescindible que, en medio de este dolor, no se utilice la tragedia como telón de fondo para una confrontación política improductiva. Llamados que buscan transformar la emergencia en una arena de críticas y réditos partidarios terminan por restar fuerza al único objetivo que verdaderamente importa en estos días: salvar vidas y proteger a las comunidades que se encuentran en riesgo.
En ese sentido, el mensaje del Presidente electo, José Antonio Kast, pidiendo dejar de lado la política y concentrar los esfuerzos en ayudar a los afectados, no es un gesto menor, sino un recordatorio de que, ante una emergencia de esta magnitud, la unidad y la colaboración deben prevalecer.
La política tiene su lugar en los debates cuando pase la crisis, cuando se pueda mirar con más distancia qué falló, qué medidas preventivas fueron insuficientes o qué mecanismos de respuesta deben reforzarse para el futuro. Ese análisis es necesario. Pero no puede ser la prioridad hoy, cuando las llamas aún están activas, las familias esperan auxilio y los equipos de emergencia trabajan sin descanso.
Los incendios forestales, cada año más destructivos como consecuencia de la prolongada sequía, el aumento de las temperaturas y otros factores climáticos, ponen en evidencia falencias históricas en materia de prevención, gestión de riesgos y planificación territorial. Es apropiado que estas discusiones se realicen y que aporten a fortalecer la resiliencia de las regiones. Sin embargo, es un error político y ético convertir una emergencia en un campo de batalla retórico mientras hay vidas en juego.
La política, en su mejor expresión, es la herramienta que permite articular recursos, coordinación y respuestas colectivas. Hoy más que nunca, esa política debe estar inspirada en empatía, cooperación y urgencia por la protección humana, no en la búsqueda de puntos hacia este o aquel sector.
