Un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad Católica y de University College London, liderados por Yasna Palmeiro, investigadora asociada del Centro de Políticas Públicas UC y de Lancet Countdown Latinoamérica logró estimar por primera vez a nivel nacional y regional la cantidad de muertes adicionales causadas por olas de calor en los años 2017 y 2019, períodos que marcaron récords históricos en cuanto a magnitud y duración de este fenómeno climático.
Esto se realizó a partir de un método que calcula las muertes en exceso, introducido por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA por sus siglas en inglés) y la Oficina de Estadísticas Nacionales del mismo país, el cual sugiere que el número esperado de muertes se calcula como un promedio de las muertes 14 días antes y después del evento de interés.
Aunque la temperaturas ambientales cálidas son agradables para la mayoría de las personas, las temperaturas extremadamente altas, incluyendo las olas de calor, pueden desencadenar un amplio espectro de cambios fisiológicos y problemas de salud, que van desde dolores de cabeza hasta falla orgánica severa y la muerte. Por ejemplo, durante el verano del 2003 en Europa, el cual fue inusualmente caluroso, se estimó que murieron más de 70.000 personas adicionales en comparación con lo esperado para los veranos europeos (período de referencia 1998-2002). Más recientemente, se estimó que ocurrieron 60.000 muertes relacionadas con el calor en el verano de 2022. Esta evidencia demuestra que los eventos de calor extremo son un problema de salud pública.
Las olas de calor siempre han ocurrido en Chile; sin embargo, los eventos que de 2017 y 2019 rompieron récords históricos en términos de magnitud y duración. En 2017, hubo varios eventos de olas de calor, especialmente desde la Región Metropolitana hasta Los Lagos. Los más notables ocurrieron entre el 11 y el 31 de enero, cuando las temperaturas máximas diarias alcanzaron un récord de 43°C en Chillán (Dirección Meteorológica de Chile, 2017). En 2019, los eventos de olas de calor fueron más prolongados y geográficamente más extensos que en 2017, afectando a casi todo el país. En este año, comenzaron el 23 de enero y terminaron el 7 de febrero. Temuco registró la temperatura máxima diaria más alta, alcanzando los 42°C (Dirección Meteorológica de Chile, 2019).
Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las olas de calor se presentan cuando la temperatura máxima o mínima diaria (para olas de calor diurnas o nocturnas, respectivamente) está por encima de la climatología histórica (definida como el percentil 90 de la temperatura ambiente correspondiente para un período de 30 años) durante tres o más días consecutivos.
De acuerdo a esta definición, los datos históricos muestran que ocurrieron eventos significativos en los veranos de 2017 y 2019 (Dirección Meteorológica de Chile, 2020. Sin embargo, aún existe una falta de información clara sobre el impacto de las olas de calor en la salud de la población chilena, plantea el estudio.
Los resultados en Chillán
De acuerdo al estudio, y aplicando la fórmula señalada, para el período de la ola de calor de 2017, se estimó un exceso de 584 muertes a nivel nacional. Para el período de la ola de calor de 2019, se estimaron 245 muertes adicionales a nivel nacional. A pesar de haber una diferencia menor en el exceso de muertes estimado para los distintos grupos de edad durante la ola de calor de 2019, las personas de 65 años o más aún se ven más afectadas que las personas menores de 65. Para personas menores de 65 años, se estimó un exceso de 81 muertes.
El estudio consideró que en Chillán, durante los períodos de calor en 2017 -donde se produjo un peak de 43 grados- se produjeron 45 muertes en personas menores de 65 años y 139 mayores de 65 años. Mientras que el año 2019, 36 personas menores de 65 años y 88 mayores de 65 años, murieron durante los días en medio de las olas de calor.
Respuestas ante el calor
El informe plantea que, teniendo en cuenta la evidencia proporcionada en este estudio, y el hecho de que la mortalidad es un resultado de salud extremo, se podría inferir que resultados menos graves (tales como las visitas a la urgencia) podrían mostrar un patrón similar. En este sentido, los eventos de calor extremo son una amenaza para la salud de las personas; por lo tanto, es necesario implementar respuestas de salud pública de manera adecuada.
Dada la complejidad del fenómeno, las respuestas al calor extremo deben ser multinivel, multinstitucional e intersectorial, además de tener una perspectiva preventiva y de largo y corto plazo. Este informe presenta tres áreas que fortalecerían la respuesta al calor extremo para proteger la salud de la población.
Políticas de calor extremo articuladas a nivel nacional, regional y local
Las políticas nacionales que guían y apoyan las vías de acción son clave para los planes de acción regionales y locales; por lo tanto, es fundamental una buena articulación y coordinación entre ellos.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, es el organismo técnico encargado de planificar y coordinar los recursos, así como proporcionar planes de gestión para la prevención y gestión de emergencias y desastres. Considerando el amplio alcance de acción de esta entidad, no sólo en términos de amenazas sino también de articulación geográfica, debería recibir un mejor apoyo político, económico y organizacional.
Aunque en 2020 se publicó la política nacional para la reducción del riesgo de desastres (ONEMI – Chile, 2020), aún persisten varios vacíos en términos de planes de acción ante el calor extremo, tanto a nivel nacional, regional como local. “Este documento contribuye al primer eje de esta política nacional (esto es, comprender el riesgo de desastres), haciendo visible que el calor extremo está asociado con una mayor mortalidad y, por lo tanto, es un importante factor de impacto climático a considerar. Considerando esto, es deseable el establecimiento de planes de preparación y de respuesta rápida de alto nivel como una condición básica”.
Además, como el segundo eje de esta política nacional apunta a fortalecer la gobernanza de la gestión del riesgo de desastres, es imperativo que los planes de acción establezcan roles y responsabilidades claros de otros actores y organizaciones involucradas. Esto no sólo apoya una mejor coordinación entre ellos, sino también promueve la responsabilidad de la toma de decisiones a nivel político y social, afirma el estudio.
El estudio fue elaborado por Yasna Palmeiro Silva, Lancet Countdown Latin America e Institute for Global Health, University College London, Reino Unido, Centro de Políticas Públicas, Pontificia Universidad Católica de Chile; Miliana Bocher, Department of Statistical Science, University College London, Reino Unido; Richard E. Chandler, Department of Statistical Science, University College London, Reino Unido; Gonzalo Valdivia, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile; Luis Cifuentes, Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile.
