El presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgó este viernes la extensión por 3 meses de la ley Crianza Protegida. La medida beneficia a padres, madres y cuidadores de niños en edad preescolar, quienes podrán suspender unilateralmente sus contratos de trabajo siempre y cuando hayan hecho uso de una o más licencias médicas preventivas parentales.
En caso de cumplir con dichos requisitos, tendrán derecho a percibir por hasta tres meses una prestación mensual equivalente al 100% de la licencia médica parental preventiva, siempre que esta sea igual o inferior a un $1 millón. A su vez, para aquellos trabajadores que hayan recibido un monto superior a $1 millón, podrán recibir un 70% de la licencia médica parental preventiva o $1 millón, dependiendo del monto que resulte mayor.
“Todos sabemos que Chile, y desde hace ya bastante tiempo, está disminuyendo la natalidad, se está debilitando la familia. Yo estoy convencido que esta ley que estamos promulgando hoy es, sin duda, un apoyo y una ayuda a la maternidad, porque ayuda a cuidar los hijos, y también un apoyo y una ayuda a la familia, porque compatibiliza mejor el mundo del trabajo con el mundo de la familia”, remarcó el Mandatario.
Los trabajadores independientes también podrán optar a este beneficio. Ellos tendrán derecho a un bono de cargo fiscal, manteniendo las mismas condiciones que los trabajadores dependientes. Por su parte, los funcionarios públicos tendrán derecho a un permiso sin goce de remuneración por hasta tres meses, periodo en el cual recibirán un bono mensual con cargo a la respectiva entidad, con los mismos porcentajes de pago que los grupos anteriores.
“Es una buena ley para Chile y por eso es una gran alegría hoy día poder promulgar esta ley que va a beneficiar a las madres trabajadoras con hijos pequeños de nuestro país, sostuvo el Mandatario.
Según los últimos datos de la Superintendencia de Seguridad Social, quienes habían hecho uso de la licencia médica preventiva parental se dividen de la siguiente forma: Trabajadores y trabajadoras dependientes: 61.000, funcionarias y funcionarios públicos: 15.800; y trabajadores y trabajadoras independientes: 2.400.
