Tal como se había anunciado, esta mañana un grupo de diputadas y diputados presentó oficialmente la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, luego que la investigación periodística “Pandora Papers” revelara nuevos antecedentes en torno a la venta, por parte del mandatario, de la minera Dominga a su amigo Carlos Alberto Délano, en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, transacción que en una de sus cláusulas habría estipulado que para el pago, no debía considerarse a la zona donde se instalaría el proyecto, de exclusión.
El libelo, que fue firmado por dieciséis parlamentarios de todas las bancadas opositoras, cuenta con dos capítulos acusatorios.
El primero de ellos establece los argumentos por los cuales el Presidente habría infringido, abiertamente, la Constitución y las leyes. Detalla, en particular, normas vinculadas a la probidad y a la protección del medio ambiente.
El capítulo segundo, en tanto, entrega los argumentos de por qué el mandatario habría comprometido gravemente el honor de la nación al incumplir obligaciones jurídicas internacionales. Agrega, también, el grave daño reputacional a la institución de la Presidencia de la República.
“Podemos asegurar que están los votos de nuestras bancadas”, aseguró el diputado Tomás Hirsch, promotor del libelo, aludiendo a los 78 votos que se requieren en la sala para que la acusación avance al Senado. Además, hizo un llamado a los diputados oficialistas a analizar en conciencia la acusación y apoyarla.
Posturas locales
Al respecto, el diputado por Ñuble de la UDI, Gustavo Sanhueza, sostuvo que estudiará la acusación y que su voto tendrá un sustento 100% jurídico.
“Toda acusación constitucional hay que analizarla en su mérito legal, si es que hay un incumplimiento de la Constitución o no, teniendo claro que ésta es más bien una acusación política, sobre todo en la época electoral que estamos viviendo. Mi votación se va a regir estrictamente por lo jurídico, y me asesoraré para votar en conciencia de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución”, sostuvo.
Similar postura manifestaron los diputados Carlos Abel Jarpa (ind.) y Jorge Sabag, quienes estudiarán el libelo antes de emitir un juicio.
En tanto, la diputada del PPD, Patricia Rubio, adelantó que su bancada respalda la acusación constitucional en contra del Presidente.
“Particularmente creo que todos los antecedentes expuestos en los ‘Pandora Papers’ son graves, y no podemos seguir tolerando estas cosas. Tenemos que recordar que Chile se cansó, todos estos actos deben ser completamente investigados, no queremos más corrupción, esto es gravísimo, pues se daña la confianza y la democracia, y en este caso en particular, al medioambiente”, afirmó.
El diputado de RN, Frank Sauerbaum, en tanto, aseveró que votará en contra del libelo.
“La acusación constitucional contra el Presidente Piñera es simplemente incomprensible, considerando que estos hechos se conocían desde hace diez años, fueron sancionados por la justicia y conocidos por el Poder Judicial. Además, el congreso debió haber hecho una comisión investigadora para conocer los hechos en detalle y después de eso evaluar si presentar o no una acusación. Es demasiado evidente que la izquierda está utilizando este instrumento para potenciar su candidatura presidencial y debilitar la figura del Presidente y del candidato de nuestro sector. No hay que caer en el juego ni banalizar algo tan importante como una acusación constitucional”, aseveró.
El documento se dio cuenta en la Sala de la Cámara donde se procedió a realizar el sorteo de la comisión que analizará el libelo. Fueron excluidos las y los diputados acusadores, junto a los integrantes de la Mesa.
La comisión estará compuesta por los diputados Florcita Alarcón (ind.), Maya Fernández (PS), Pepe Auth (ind.), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (ind).
El profesor de Derecho Constitucional de la UDP, Javier Couso, explicó cuál será el rol de esta comisión, cuya recomendación a la sala (de aceptar o rechazar el libelo) no es vinculante.
“La comisión básicamente analiza la acusación y la informa al pleno. El Presidente nombra a un abogado y presenta su defensa por escrito, aunque también puede concurrir ante la comisión. Aproximadamente en dos semanas más habrá un informe que será presentado en la sala”, aseveró.
Lo que sigue ahora es la notificación al Presidente Piñera de la acusación en su contra. La ley establece que debe ser personalmente o por célula en los próximos tres días.
Desde este momento, el Mandatario no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara. La norma también señala que, después de la notificación, en un plazo de 10 días, podrá presentar su defensa ante la comisión, presencialmente o por escrito.
Una vez concurrida la defensa del acusado, la comisión tiene un plazo de 6 días para pronunciarse sobre el libelo, tras lo cual la sala de la Cámara deberá sesionar para ocuparse de la acusación.
“Expresa el desacuerdo con la actuación del Presidente”
Según la politóloga y académica de la UdeC, Jeanne Simon, la acusación constitucional contra el Presidente Piñera “responde al rechazo hacia el actual gobierno, como también a Piñera como la principal autoridad política del país. Busca expresar públicamente desacuerdo con la actuación del Presidente. Es un juicio político y no una decisión judicial, así que no es claro lo que pasará con el caso judicial si se aprueba la acusación”, advirtió.
Por lo mismo, dijo, “imagino que varios perciben que es un acto simbólico, y que no lograrán aprobar la acusación constitucional. Considerando la opinión pública en temas de corrupción, creo que el apoyo a la acusación constitucional favorecerá a las fuerzas políticas que votan a favor. Al mismo tiempo, por el contexto electoral, el tema se politiza y debilita la seriedad del asunto. Será clave el comportamiento de la bancada parlamentaria oficialista -imagino que votará en contra-, aunque al mismo tiempo puede debilitarse la candidata Provoste, por ser ella jurado (votará en el Senado) y candidata, lo que la pone en una situación compleja”, sostuvo Jeanne Simon.
