Un grupo de vecinos y organizaciones que se sienten afectados por el proyecto línea de transmisión Itahue-Hualqui, presentaron tres recursos ante el Segundo Tribunal Ambiental, en Santiago, con el fin de anular la resolución dictada por el Comité de Ministros, que en junio pasado aprobó la iniciativa, revirtiendo la calificación ambiental desfavorable emitida por el SEA en abril de 2024.
Según explicaron desde la ONG Defensa Ambiental, el primer recurso es una reclamación de observaciones ciudadanas, interpuesto en representación de las personas que realizaron observaciones durante la evaluación y luego reclamaron administrativamente la Resolución de Calificación Ambiental. El segundo recurso tiene el mismo fundamento, pero representa a quienes sí participaron con observaciones ciudadanas, aunque no presentaron reclamación administrativa posterior.
A estas dos reclamaciones se sumó un recurso de invalidación en representación de quienes no pudieron realizar observaciones, pero cuyos territorios, actividades y condiciones de vida serían gravemente afectadas por la ejecución del proyecto, precisaron.
Francisco Astorga, abogado de la ONG Defensa Ambiental, señaló que “vemos con extrema preocupación esta decisión del Comité de Ministros, ya que este proyecto presenta graves falencias en términos de flora, fauna, en temas hídricos, de medio humano, falta de consulta indígena, fraccionamiento, afectación al patrimonio cultural. Es necesario que estos recursos sean acogidos a tramitación por el Tribunal Ambiental de Santiago y se acojan los argumentos que estamos presentando dadas las profundas ilegalidades”.
Los recursos sostienen que el proyecto mantiene graves deficiencias técnicas y metodológicas en la evaluación de diversos componentes ambientales. En materia de flora y fauna, se cuestiona “la ausencia de información suficiente para descartar impactos significativos sobre especies en categoría de conservación. También se observa una línea de base incompleta en fauna, omisión de impactos relevantes y medidas insuficientes para evitar afectaciones. A ello se suma una evaluación hídrica deficiente, con una caracterización incompleta de cauces y drenajes, delimitación incorrecta del área de influencia, falta de muestreos en terreno y subvaloración de los impactos sobre el recurso agua”.
Asimismo, los recursos plantean que el proyecto “presenta serias falencias en la evaluación del componente humano, incluyendo la exclusión arbitraria de comunidades afectadas, impactos significativos en sistemas de vida, actividades económicas locales, acceso a servicios básicos y conectividad territorial”.
Emilio Placencia, vecino de Cobquecura, señaló: “Acudí a los tribunales porque entendí que esta línea no es solo una carretera por donde pasará la electricidad: sino que es para sacar el recurso energético de nuestro territorio, en mi caso habilitar la central eólica Quirihue Poniente, que nos caería encima, de la empresa Uka Chile”.
Obra clave para Itata
La iniciativa, presentada por la española Celeo Redes, a través de su empresa Mataquito Transmisora de Energía, contempla una línea de 407 kilómetros entre el Maule y Biobío, que cruzará por la Provincia de Itata.
Con una inversión de US$324 millones, se trata del segundo mayor proyecto de transmisión eléctrica en el país, que debió enfrentar una difícil tramitación ambiental desde su ingreso al SEA en agosto de 2020, debido a las observaciones de servicios públicos consultados, así como también a numerosos cuestionamientos de las comunidades.
En Ñuble, la línea cruzará por Coelemu, Trehuaco, Cobquecura y Quirihue, donde se generará una bajada local a través de una futura subestación en Quirihue, lo que dará factibilidad de conexión para proyectos de generación de gran envergadura, como los parques eólicos, y permitirá robustecer la red en la Provincia de Itata.
