El diputado por la Región de Ñuble, Cristóbal Martínez (UDI), presentó esta semana tres proyectos de ley que buscan facilitar la expulsión de los extranjeros que se encuentran privados de libertad, lo que además ayudaría a disminuir los altos niveles de hacinamiento al interior de los recintos penales.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]Al respecto, el parlamentario gremialista explicó que la primera iniciativa -y que solicitará poner en tabla en los próximos días- busca imponer al Presidente el deber de decretar, en un plazo máximo de 60 días, la expulsión inmediata de todos los migrantes que estén condenados por los delitos de robo, hurto o tráfico (Ley 20.000), recordando que ya para el año 2017 el gasto que realizaba el Estado por cada interno ascendía a los $724.000 mensuales.
“Hace algunos días, el Ministerio Público no sólo informó que entre 2016 y 2020 aumentaron en un 355% el número de extranjeros imputados en el país, sino que también nos enteramos de graves denuncias de extorsión que están cometiendo bandas de migrantes al interior de las cárceles. Por eso es que creemos que llegó el minuto de tomar acciones concretas, y una de ellas es partir por expulsar a todos los que se encuentran condenados por delitos que no son de sangre, lo que nos permitirá descongestionar las cárceles y evitar que sigan delinquiendo desde allí”, sostuvo Martínez, quien aseguró que el proyecto obligará al Gobierno a efectuar las expulsiones en dicho plazo.
En esa línea, el parlamentario gremialista detalló que los otros dos proyectos consisten en aumentar el catálogo de delitos por los cuales justamente pueden ser deportados los extranjeros condenados por la justicia, de manera de incluir a quienes han cometido, por ejemplo, hurtos, robo, lesiones, tráfico, entre otros, sin importar que tengan un permiso de residencia, de manera de que sólo los migrantes que hayan participado en hechos de sangre permanezcan cumpliendo condena en Chile.
Por último, la tercera iniciativa -explicó Martínez- busca que en los casos donde un extranjero sea condenado por los delitos establecidos en la Ley 20.000, el tribunal tendrá la obligación de sustituir el cumplimiento de la pena por la expulsión del país, negando que la persona pueda reingresar a Chile en un plazo de 20 años.
“Estos tres importantes proyectos tienen como objetivo descongestionar de aquí a dos meses todas las cárceles de nuestro país y expulsar a cada uno de los migrantes que llegaron sólo a delinquir a Chile. Y una vez completado ese proceso, quienes se atrevan a seguir cometiendo delitos en nuestro país sabrán que deberán cumplir su condena fuera de acá, porque no vamos a seguir permitiendo que con los impuestos que pagan todos los chilenos estemos subsidiando a miles de delincuentes extranjeros”, insistió el diputado Martínez, quien finalmente emplazó al Gobierno a patrocinar los tres proyectos, señalando que “es la única alternativa que tienen en sus manos para demostrar con hechos que quieren combatir la delincuencia y la migración irregular”.
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