La Ley Corta de Descentralización -proyecto que realiza modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y otro cuerpo legal, y que recién comenzó a ser discutido en el Congreso-; y la Ley de Rentas Regionales -que fortalece la descentralización financiera-, se encuentran en el centro del debate, a cuatro meses que se instale la nueva estructura de los gobiernos regionales.
Trabas como la falta de competencias y el déficit del financiamiento regional, deben ser abordadas con urgencia por el Ejecutivo, pues podrían atentar contra el debut del proceso, que será encabezado por los nuevos gobernadores regionales.
A nivel local, el presidente del Capítulo Ñuble de la Fundación Chile Descentralizado, Benito Umaña, manifestó que “hay que reconocer que la denominada ‘ley corta de descentralización’ busca corregir algunos vacíos y discrepancias normativas de las leyes 21.073 y 21.074 que regulan principalmente la elección de gobernadores regionales y el proceso de transferencia de competencias desde el Gobierno central al regional. Estamos convencidos que lo anterior se traducirá en un aporte a la competitividad de nuestras regiones y a Chile, mejorando con ello el bienestar de sus habitantes”, sostuvo el académico.
Sin embargo, agregó, “en mi opinión existen y existirán debates permanentes y no menos dificultades antes que se logre finalmente un equilibrio óptimo de poder, entre el gobierno central y las autoridades regionales. No ha sido y no será un proceso fácil, y depende también en gran medida del fortalecimiento y empoderamiento de las regiones, sus instituciones y líderes regionales”.
Ciertamente, recalcó, “la Ley Corta de Descentralización adolece de brechas que esperamos, sean superadas en alguna medida durante la discusión parlamentaria. Uno de los grandes pendientes es el modelo de financiamiento regional, esperamos se implemente la ley de rentas regionales, una propuesta concreta es que los recursos generados por las patentes se queden en las regiones en que operan y no se vayan a Santiago. Así también, es importante fortalecer el financiamiento de nuestros municipios, especialmente aquellos más pequeños, y por tanto, con mayores requerimientos, situación que afecta especialmente a nuestra Región de Ñuble, pues cuenta con varios municipios que requieren dicho apoyo”.
En el ámbito de la competencias y su evaluación, sostuvo, “la Fundación Chile Descentralizado realizó una propuesta más integral, planteando la creación de un Consejo Nacional de Descentralización y Desarrollo Territorial (CNDT) plural y autónomo, que pudiera evaluar todo el proceso de descentralización en el país, donde ciertamente se encontraría el ámbito de la descentralización administrativa que radica en este caso, en la transferencia de competencias hacia los gobiernos regionales”.
Delegación v/s transferencia
Desde la Corporación Adelanto y Desarrollo de Ñuble (Corñuble), su presidente, Patricio Poblete, manifestó que “la Ley Corta de Descentralización permite avanzar hacia la erradicación del excesivo centralismo, pero es insuficiente para resolver el problema de fondo, que radica en las debilidades y omisiones que presenta el actual modelo de transferencia de competencias consagrado en la Constitución y en sus leyes complementarias”, aseveró.
Según Poblete, “más que asegurar y consolidar una descentralización administrativa, la ley corta de descentralización jurídicamente se asemeja a un mecanismo de delegación -contemplado en la ley de bases de la administración del Estado -, que a una auténtica transferencia de competencias”.
Para el presidente de Corñuble, también es necesario evaluar los verdaderos efectos que esta ley puede tener en el ámbito de las materias que son objeto de transferencia, ya que solo lo permitiría en temas relativos a ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural.
“Eso significa que bajo este esquema jurídico, nunca podrían transferirse competencias en materia de salud, infraestructura y otras, que no se encuentren dentro del ámbito que nos impone la norma”, afirmó.
Por otro lado, añadió, “la figura del gobernador regional ‘elegido’ por la comunidad queda evidentemente en una situación desmejorada frente a otros órganos que intervienen en la administración de la región; como sucede respecto del delegado presidencial regional, que será designado directamente por el Presidente de la República, y de quien dependerán los jefes de servicios y los secretarios regionales ministeriales”.
