Si bien el aumento del presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha permitido combatir el fuerte déficit habitacional del país, existe un segmento de la población que aún vive en campamentos, generalmente ocupaciones ilegales que han derivado en asentamientos irregulares de familias que no cuentan con título de dominio, alcantarillado, ni una construcción digna.
De acuerdo al Catastro de Campamentos 2024 del Ministerio de Vivienda (Minvu), el número de asentamientos registrados ha aumentado de manera alarmante. En el año 2022, se registraron 1.091 campamentos en Chile. Sin embargo, este número ha escalado a 1.432 en el presente año, marcando un incremento considerable.
En la tabla del Minvu, Ñuble pasó de 21 asentamientos en 2022 a 24 en 2024, tras registrar tres nuevos asentamientos. Según datos de Serviu, la mayoría están concentrados en Chillán, donde hay siete conformados por 150 hogares. Coelemu registra cuatro campamentos y 49 familias, San Nicolás tres con 44 hogares, Bulnes tres con 37 grupos, Chillán Viejo dos con 20 hogares, Ninhue 1 con 15 familias y finalmente San Carlos registra un campamento con 12 familias.
Desde la creación del programa Chile Barrio, en 1996, durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a la fecha, el país ha avanzado bastante en reducir el número de campamentos, pero mientras se van inaugurando nuevos conjuntos habitacionales, se generan nuevas tomas y retomas de familias, sobre todo en momentos de crisis económica y migratoria prolongadas, como las que afectan a nuestro país desde 2019.
La escasez de suelo, el incremento en el valor de los arriendos y el aumento de inmigrantes, han influido en un incremento del déficit de viviendas y marcan una nueva etapa en la erradicación de los campamentos, que exige una planificación adecuada para que no se repitan experiencias lamentables de años recientes, en que se generaron guetos que fomentaron la segregación socio-espacial se observa en algunas ciudades, como Chillán.
De igual forma, es necesario que mientras se avance en soluciones definitivas, se pueda trabajar para mejorar la calidad de vida de las familias que viven en los asentamientos irregulares, con programas de inserción laboral, de acceso a servicios sanitarios, de combate al narcotráfico, de educación y de mejoramiento del entorno, pues un alto porcentaje vive en áreas de riesgo ambiental.
Los campamentos son un síntoma de una enfermedad extendida en Chile, que es la falta de acceso a la vivienda. Las cerca de 100 mil familias viviendo en ellos son la punta del iceberg, pues también hay una realidad invisible, que son más de 600 mil familias que viven allegadas o hacinadas, y muchísimas más si consideramos las que están bajo arriendos informales o abusivos, o son extranjeras y están indocumentadas, pues de ellas prácticamente no hay registro.
No se trata, en suma, solo de entregar bonos y subsidios habitacionales a estas familias, sino que de contribuir a que sus hijos, en el futuro, accedan por sus propios medios a una casa propia. Es la gran deuda de la sociedad chilena con la dignidad de quienes han sido excluidos de los beneficios del modelo político-económico vigente los últimos 50 años.
