Para el 7 de diciembre próximo fue aplazada la audiencia de formalización del alcalde Sergio Zarzar y ejecutivos de la concesionaria Nevados de Chillán, en el marco de la querella criminal por el uso de las aguas que se utilizan en el fundo Termas Minerales de Chillán, ubicado en Pinto y que pertenecen al municipio desde el año 1880.
Durante el juicio planteado desde la Junta de Vigilancia del Río Diguillín (JVDG), el consistorio no logró acreditar que es la propietaria legal de las aguas que se usan para entregar servicios hoteleros.
El concejal Patricio Huepe planteó que lamentablemente la Municipalidad de Chillán no pudo inscribir legalmente las vertientes que nacen de sus terrenos, ni antes, ni después de que licitara el predio a la empresa Nevados.
Según la visión del concejal Juan López Cruz, el municipio chillanejo puede estar en problemas complejos pues concesionó a la empresa Nevados un bien que contaba con agua suficiente para atender los hoteles municipales y brindar el servicio termal.
En este sentido, si no se encuentra una solución al problema, el municipio chillanejo podría quedar mal frente a la concesionaria, la que estaría en condiciones de pedirle reparación económica o exigir que se le entregue de alguna manera recursos hídricos para mantener la concesión en operaciones normales,tal y como comenzó el año 2011.
La JVRD solicitó el 23 de septiembre de 2019 ampliar la querella criminal por usurpación de aguas presentada en abril de 2015 contra el jefe comunal, e incluir el desacato, debido a que si bien la Corte Suprema ordenó en noviembre de 2017 cesar de inmediato las captaciones y desmantelar las obras que se construyeron para ello, a la fecha se continúa utilizando dichos afluentes para abastecer las instalaciones del principal complejo turístico de la región, según acreditaron las diligencias realizadas por personal de la PDI en el predio, como parte de la investigación que se encuentra radicada en la Fiscalía local de Chillán.
Los hechos que motivan la decisión por parte del ente persecutor tienen su origen en la acción criminal presentada por la Junta de Vigilancia del Río Diguillín y sus Afluentes, organismo que representa a más de 2.200 agricultores de la Región de Ñuble, en la cual se imputa tanto al alcalde como a los representantes de la concesionaria, de haberse apropiado durante años de las aguas, cuyos titulares son los miembros de la junta.