Cuando el Covid – 19 llegó a Chile, habían muchas dudas de cómo nos afectaría. Sin embargo, éstas fueron quedando atrás en la medida que las autoridades efectuaron un manejo sanitario de la crisis, hubo una disciplina relativa para cumplir las instrucciones del Ministerio de Salud y el proceso de vacunación, exitoso hasta el momento, permitió entender que el virus es un problema de salud real y relevante, pero controlable. Así, se considera que las experiencias a la fecha, más la inoculación, posibilitarán que los habitantes de nuestro país puedan continuar con una vida relativamente normal.
En este contexto, las economías muestran una tendencia a recuperar el nivel pre pandemia y ya se notan las consecuencias de apoyos monetarios como los sucesivos retiros parciales de los fondos de pensiones y los apoyos fiscales. De hecho, a fines del primer semestre la economía chilena tuvo una importante recuperación y se esperan índices aún mejores para fin de año.
No obstante, hay economistas nacionales que plantean que lo anterior no se vislumbra de la misma forma en el mediano y largo plazo por la solvencia fiscal mermada con la que cuenta Chile en la actualidad.
Además, la inflación en Estados Unidos está creciendo muy por encima de la meta de la Reserva Federal (FED), a pesar que esto tiene causas claras (bases de comparación, incremento de precios de los combustibles y otros menores) que podrían moderarse una vez que la economía se normalice. A pesar de lo anterior, la FED plantea que es posible que la inflación no disminuya y ante este evento, la respuesta sería retirar los estímulos monetarios antes de tiempo.
De darse este riesgo, se apreciaría más el dólar, desmejorando las condiciones de los países emergentes y se incrementaría el costo del endeudamiento en general. ¿A quiénes afectaría esto? Principalmente a empresas y países que, como consecuencia de la crisis del Covid-19, han quedado con indicadores de deuda muy deteriorados.
En nuestro caso, si consideramos que la solvencia fiscal se ha debilitado con la pandemia, se va a exigir hacer apoyos menores, centrándose en la red de protección social, la recuperación del mercado laboral y el crecimiento de largo plazo. Adicionalmente, las demandas de gasto público para financiar pensiones, calidad de la educación, de la salud pública y de la seguridad interna exigirán incrementar los recursos del sector público y enfocarse hacia estas áreas prioritarias, sin olvidar que las principales tareas hoy en Chile son la elaboración y aprobación de una nueva Constitución, seguir controlando la pandemia con foco en la variante Delta y recuperar los empleos perdidos que afectan principalmente a trabajadores informales, a las mujeres y a los jóvenes con baja escolaridad. Además, será importante aumentar la disponibilidad de jardines infantiles y seguir con la reapertura de establecimientos educacionales, con los resguardos sanitarios adecuados, para posibilitar que mujeres con hijos pequeños puedan reincorporarse al mercado laboral con los beneficios que esto tiene para las familias y el país.
Lo anterior debe enfrentarse con una reforma fiscal orientada a incrementar los ingresos fiscales, tema que deberá discutirse próximamente.
