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La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general, y por unanimidad, el proyecto de reforma constitucional que establece la inhabilidad de acceso y causal de cesación en cargos públicos para quienes hayan cometido delitos contra la probidad.
En su idea matriz, la norma, de autoría del diputado Marcos Ilabaca (PS), busca configurar una regla que tipifique la causal de inhabilidad para la adscripción a un cargo o función pública y de cesación en el ejercicio de funciones públicas. Lo anterior, respecto de condenados por delitos que atenten contra la probidad administrativa, en sus distintas proyecciones, en el ámbito de la imparcialidad en el ejercicio de la función pública; así como aquellos que afectan los aspectos patrimoniales de la función.
En específico, el texto -que volverá a comisión por ser objeto de indicaciones-, establece que las personas condenadas, por sentencia firme, respecto de delitos contra la probidad, estarán inhabilitadas para postular o desempeñar un cargo o función pública. La norma aplica aunque el cargo sea de elección popular.
De tal forma, cesará en el cargo el funcionario que se encuentre en ejercicio de la función o cargo público, desde que se certifique que la sentencia condenatoria se encuentra ejecutoriada. Para tales efectos, se considerarán delitos contra la probidad la malversación de caudales públicos, el fraude al fisco y el delito de cohecho.
La norma establece, finalmente, que los afectados con la aplicación de esta sanción, salvo que la inhabilidad sea a perpetuidad, podrán solicitar al Senado su rehabilitación, una vez transcurridos 15 años.
“Subir el estándar”
El diputado ind.-DC, Felipe Camaño, cree que se trata de “un tremendo avance en materia de probidad y transparencia. Recientemente vimos en las elecciones municipales cómo muchos condenados por delitos contra la probidad volvían a ser candidatos a cargos de elección popular en todo el país, y en muchos casos, incluso resultaron electos, y eso es algo de lo que hay que hacerse cargo desde la legislación y prohibirlo, debemos ser capaces de subir el estándar”, afirmó.
Según el legislador, “la ciudadanía pide que sus autoridades tengamos una historia intachable y de transparencia a la hora de ejercer los cargos, y por esto veo como un buen avance lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Si bien el proyecto volvió a la comisión al ser objeto de indicaciones, creo que es el camino correcto, nadie puede aprovecharse de su popularidad para hacer vista gorda de delitos contra la probidad y el uso de recursos públicos. Incluso, en su momento, la Cámara de Diputados tuvo representantes que habiendo estado inhabilitados para ser candidatos a alcalde, de igual manera fueron diputados, y eso habla mal de nuestra legislación”, refrendó.
“Hay que dar una señal”
En tanto, los diputados de la bancada UDI que representan a Ñuble, Marta Bravo y Cristóbal Martínez, explicaron que la iniciativa surgió a raíz de una serie de casos en los que se han visto involucradas distintas autoridades públicas, algunas de las cuales, incluso, se encuentran en prisión preventiva.
“En medio de las distintas investigaciones por delitos contra la probidad que han surgido en nuestro país, que involucran a autoridades de todo el espectro político, consideramos como esencial poder establecer una norma que prohibiera a estas personas seguir en sus cargos en caso de que sean condenadas por un tribunal. Todos sabemos que la política no atraviesa por su mejor momento, justamente por situaciones como éstas, de manera que era indispensable dar una señal contra la impunidad, sobre todo, pensando en todos los procesos electorales que se aproximan”, destacó la diputada Bravo.
En cuanto al detalle, Cristóbal Martínez explicó que la iniciativa busca hacerse cargo de un vacío legal que existe en la actual normativa, lo que ha provocado que en algunos casos los condenados puedan seguir en funciones.
“En esa línea, salvo que la inhabilidad sea a perpetuidad, se estableció que los afectados podrán solicitar al Senado eliminar dicha prohibición, aunque sólo cuando hayan transcurrido 15 años”, sostuvo.
Por ello, junto con solicitar una rápida tramitación de la iniciativa para que así sea despachada lo antes posible, los diputados Bravo y Martínez también llamaron al Ministerio Público a perseguir cualquier conducta reñida con la ley, manifestando que “la corrupción debe ser investigada y sancionada venga de donde venga, y en ello la Fiscalía juega un papel trascendental en nuestro país. Nuestro deber es buscar y respaldar todas las propuestas que apunten a perseguir la corrupción. Lamentablemente, durante los últimos años hemos conocido de una serie de casos que requieren ser investigados y sancionados, caiga quien caiga. Por eso estamos apoyando con fuerza este proyecto, porque resulta absolutamente inentendible que una autoridad condenada por cualquiera de estos delitos pueda seguir en su cargo o volver a postular”, sostuvieron los legisladores.
