En Chile, hablar de vivienda social es hablar de esfuerzo, paciencia y frustración. La política habitacional se construye sobre una paradoja: se exige eficiencia, rapidez y sostenibilidad, pero el sistema que la sustenta es financieramente insostenible. Hoy, más que nunca, debemos preguntarnos: ¿por qué las constructoras, especialmente las Pymes, quiebran mientras el déficit habitacional sigue creciendo?
El modelo actual de contratación pública transfiere casi todo el riesgo financiero al constructor. El Estado paga contra avance físico, pero los pagos se retrasan semanas o meses. En ese lapso, la empresa debe pagar sueldos, materiales y deudas bancarias. Los márgenes de utilidad reales, que rara vez superan el 10 %, se evaporan ante cualquier imprevisto.
Las boletas de garantía inmovilizan capital y la banca, que conoce la lentitud del sistema público, aplica tasas altas o exige garantías imposibles. Así, el margen del constructor termina siendo el negocio del banco.
El resultado es predecible, obras paralizadas, sobrecostos fiscales y pérdida de confianza ciudadana. Pero más grave aún es que la quiebra de una empresa regional implica la pérdida de empleos, de conocimiento técnico local y de capacidad productiva territorial. Cada vez que una PYME cierra, el Estado queda más dependiente de las grandes empresas que concentran contratos y suben los precios.
A este panorama se suma una nueva carga, la sostenibilidad. Chile, que representa apenas el 0,3 % de las emisiones globales, se impone estándares ambientales de países industrializados sin mecanismos de transición ni apoyo financiero.
Se exige construir con materiales “verdes”, certificaciones energéticas y gestión de residuos, pero sin créditos blandos ni incentivos reales. Lo que debiera ser una oportunidad se transforma en una barrera de entrada para las Pymes.
No hay sostenibilidad ambiental posible sin sostenibilidad económica. Una empresa que no logra cobrar a tiempo, que debe financiar al Estado y cumplir con exigencias crecientes, no puede invertir en innovación verde ni en tecnología limpia.
A todo esto, se agrega otro obstáculo: la permisología. La maraña de trámites, revisiones y observaciones, muchas veces redundantes entre ministerios, Serviu, municipalidades y servicios ambientales, puede demorar meses o incluso años.
Una empresa que sobrevive financieramente a la ejecución, termina asfixiada en la gestión documental. La burocracia, que debía garantizar transparencia y control, se ha convertido en un factor de desinversión y parálisis.
El resultado final es un círculo vicioso: menos empresas en pie, menos competencia, más costos, menos viviendas y más frustración social. La sostenibilidad no puede convertirse en un nuevo filtro ideológico ni en un requisito inalcanzable, debe ser una meta compartida y financiada.
Si queremos un país sostenible, necesitamos primero un sistema constructivo viable. Porque, mientras el Estado continúe trasladando su riesgo financiero y regulatorio a las empresas que construyen, seguiremos viendo más quiebras, menos obras y más discursos vacíos sobre “vivienda digna y verde”.
Jorge Mauricio Bocaz Bocaz
Ingeniero Civil – Región de Ñuble
