Japón recibió el visto bueno definitivo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verter al Pacífico agua contaminada de radiación y depurada de la central de Fukushima, una medida considerada clave para el desmantelamiento de la planta, pero que llega rodeada de polémica y de interrogantes.
El Gobierno de Japón aprobó en abril de 2021 su plan elaborado junto a la compañía energética Tokyo Electric Power (Tepco) para deshacerse de las toneladas de agua contaminada de materiales radiactivos que se acumulan en la accidentada planta de Fukushima Daiichi a raíz de la crisis nuclear desencadenada una década antes por un terremoto y un devastador tsunami.
El Ejecutivo nipón, la operadora de la planta y el regulador nuclear japonés se decantaron por el vertido al océano como la mejor vía para solucionar el problema del almacenamiento limitado para el líquido dentro de las instalaciones nucleares, y tras descartar otras alternativas por su complejidad técnica o su mayor coste.
El plan, que fue elaborado en colaboración con el OIEA, consiste en verter al Pacífico de forma gradual más de 1,32 millones de toneladas de líquido contaminada de radioisótopos, tras ser procesada para retirarle la mayoría de esos materiales altamente radiactivos y diluida en agua marina.
El agua radiactiva generada en la planta tras estar en contacto con los reactores nucleares dañados se filtra en unos circuitos llamados ALPS (Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos), capaces de retirar 62 tipos de materiales radiactivos, a excepción del tritio y del carbono-14, según las autoridades japonesas.
Este proceso de depurado se repite tantas veces como sea necesario en la red de bidones y procesamiento hasta garantizar que la concentración de materiales radiactivos está por debajo de los límites fijados por Japón a partir de estándares internacionales.
Las autoridades niponas aseguran que los residuos radiactivos restantes en el líquido tras el proceso de depurado y diluido no superarán los 1.500 becquereles por litro antes de llegar al mar. Esto equivale a una séptima parte del máximo fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el agua potable.
