La controversia por los supuestos “amarres” de funcionarios públicos que estaría dejando el actual Gobierno volvió a instalarse en la agenda política, luego del acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Ejecutivo y parte de la Mesa del Sector Público (MSP) por el reajuste del sector público.
Si bien el protocolo contempla 26 puntos en materias salariales, bonos, condiciones laborales, incentivos al retiro y teletrabajo, fue una norma específica la que encendió las críticas de la oposición y abrió un debate de fondo sobre la estabilidad laboral en el Estado.
El foco está en el artículo 14 del acuerdo, que establece que la no renovación de contratas -o su renovación en condiciones distintas- en ministerios, servicios públicos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades deberá realizarse mediante un acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables. La disposición enfatiza que no bastará la invocación genérica de “necesidades del servicio” sin respaldo específico.
Desde la oposición, la norma fue interpretada como una maniobra para “amarrar” a funcionarios afines a la actual administración. En esa línea, dirigentes políticos advirtieron que el Ejecutivo estaría condicionando la gestión del próximo gobierno.
En Ñuble, la diputada y presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, acusó que el oficialismo “hasta el último día se esfuerza en hacer las cosas mal”, precisando que estas medidas irían en contra del buen uso de los recursos públicos y podrían afectar la productividad del aparato estatal.
El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, fue más allá y calificó la disposición como “una suerte de corralito” para dejar amarrados a funcionarios cercanos al actual Gobierno, adelantando que su sector no está disponible para aprobar una norma de ese tipo durante la tramitación legislativa.
Cambio de criterio
Desde el Ejecutivo descartaron tajantemente las acusaciones. La seremi de Gobierno de Ñuble, Valentina Pradenas, sostuvo que no existe ningún blindaje ni amarre, sino una regla orientada a entregar certeza y transparencia a los procesos de desvinculación.
Según explicó, la norma no impide la gestión de dotaciones ni las facultades del próximo gobierno, sino que busca evitar arbitrariedades y reforzar la probidad en el actuar del Estado.
El debate adquiere una dimensión especial en regiones como Ñuble. A octubre de 2025, la región registraba más de 31 mil funcionarios públicos, con el municipio de Chillán liderando en número de trabajadores, principalmente en educación y salud. Un informe del Consejo para la Transparencia cifra en 10.544 los funcionarios de la Administración Central en Ñuble, donde predominan los contratos a contrata, que representan un 61% del total.
Este escenario se ve tensionado por el reciente cambio de criterio de la Contraloría General de la República. Hasta hace poco, existían precedentes administrativos que reconocían el principio de confianza legítima para funcionarios a contrata con más de dos años de servicio continuo. Sin embargo, desde noviembre de 2024, la CGR -bajo la conducción de Dorothy Pérez- declaró la materia como “litigiosa”, alineándose con el criterio unificador de la Corte Suprema que fija en cinco años el umbral para reconocer dicha confianza, derivando los casos exclusivamente a tribunales.
Para la presidenta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) Ñuble, Cesiah Contreras, la polémica por los “amarres” invisibiliza el problema de fondo: la precariedad laboral histórica de los funcionarios públicos. A su juicio, “los trabajadores del Estado no sirven a los gobiernos de turno, sino a la ciudadanía, y requieren reglas claras y estabilidad mínima para cumplir su labor”.
En un contexto de anuncios de recortes presupuestarios, advirtió que la incertidumbre vuelve a recaer sobre quienes tienen contratos más frágiles, reeditando un conflicto que se repite en cada cambio de administración.
Así, más que un debate coyuntural, la discusión vuelve a poner sobre la mesa una tensión estructural del Estado chileno: cómo compatibilizar la legítima conducción política de los gobiernos con la estabilidad y dignidad laboral de miles de funcionarios que sostienen el funcionamiento cotidiano de los servicios públicos.
